La Justicia emana del pueblo... Así comienza el art. 117, primero de los que la Constitución dedica a la justicia. Y personalmente a mí ni me molesta ni me parece mal que siga diciendo que « se administra en nombre del rey», al fin y al cabo es la imagen del Estado que ha de tener una justicia única administrada «por jueces y magistrados integrantes del poder judicial». Lo que sí me parece decisivo es que tales miembros del Poder Judicial han de ser «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» (fin de la cita). Es sin duda esa independencia la que justifica, entre otros efectos, que la Constitución haya querido que el autogobierno (u organización) de la misma sea ajena al Gobierno (y también podríamos decir al Parlamento aunque ello no lo dice la Constitución que a cierto número de miembros los somete al nombramiento de las Cámaras).
Pero lo decisivo es que nuestro constituyente se quiso sumar a la corriente constitucional de la segunda posguerra que separa del Gobierno al Poder Judicial. La primera Constitución en reconocerlo fue la francesa de 1946, a la que siguió la italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn en 1949, la Constitución griega de 1952, la francesa de 1958 y la portuguesa de 1976. Nuestra Constitución se suma a esa decidida opción de la independencia respecto del Gobierno.
Cuestión distinta es cómo y con qué criterios se elijan algunos miembros por las Cámaras. Sabemos que la Constitución exige ciertos requisitos profesionales a los candidatos (juristas de reconocido prestigio, jueces o magistrados con más de 15 años de ejercicio…) y sabemos que se requiere una mayoría cualificada para garantizar que no puedan ser nombrados por un solo partido por dominante que este sea, sino por consenso o acuerdo entre los más posibles: «Cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión», se lee en el art. 122 CE. Pero, insisto, no dice nada más, da por supuesta la fidelidad y la lealtad al sistema y da por supuesto que nuestros partidos son amantes de la neutralidad de la justicia y deseosos de lograr el mejor Estado de Derecho. Lo da por supuesto y muchos de nosotros también.
Pero hay otros elementos que no se dan por supuesto; expresamente se inicia dicho art. 122 en su párrafo 3 así: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, … y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica».
Es decir, que junto a los ocho en los que se da voz a la representación popular de ambas Cámaras, hay doce más que ya no basta que sean juristas como hemos visto sino, en concreto, jueces o magistrados. No son pocos, son una amplia mayoría del consejo, sin duda conscientemente querida. Y la Constitución se remite al legislador orgánico el modo de su designación y/o elección. Ayyy¡¡¡ ahí empieza Cristo a padecer… y la ciudadanía empieza también a desentenderse (yo la primera, que respondo a la petición del Levante por cuanto lo respeto como medio serio, pero sin gana alguna), a no entender (o mejor, no querer entender) lo que pasa. Y lo que pasa es sencillamente que la partitocracia que nos caracteriza no quiere dejar al margen siquiera, al menos, a la justicia. Es cierto que como ya he dicho la Constitución remite al legislador la organización de la elección de los doce miembros que podríamos denominar judiciales puros. Pero el legislador entendió inicialmente que debían escogerse por los propios jueces. Así se entendió en la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, en la que se distinguía entre vocales de origen judicial, doce en total, elegidos por y entre ellos, y vocales de origen parlamentario, ya mencionados. De modo que los doce vocales de origen judicial eran elegidos por y entre los jueces y magistrados de todas las categorías por un procedimiento electivo con arreglo a un sistema electoral mayoritario de voto limitado… No vale la pena que lo explique; pues si no gustaba el sistema de elección se podía haber cambiado.
Pero no fue así, cierta interpretación de lo democrático y del igualitarismo malentendido que nos rige hace tiempo concluyó que lo más democrático era que todos fueran elegidos por la representación popular (cosa bien pensada si tras la elección los diputados y senadores tuvieran criterio propio e independiente y ni así sé si sería propiamente constitucional).
Por ello la LO 6/1985, de 1 de julio, creyéndose más democrática, dispuso que el Congreso y el Senado elegirían por mitad y mayoría de tres quintos a los veinte miembros del CGPJ… Y a partir de ahí, dejando en manos de los grupos parlamentarios las iniciativas ¿qué más puedo decir?, Nada. Se ha reformado muchas veces la regulación del 85 pero no se ha cambiado la filosofía partidista. Nadie piensa en la posibilidad de que los jueces se escojan entre ellos; no sé si sería mejor, solo sé que un impasse de décadas es mucho impasse; porque este problema actual no es la primera vez que se plantea. La cosa ya huele.
Pero es lo que hay y nuestros partidos políticos no es que sean lo que son, que ya es grave, es que han desnaturalizado la democracia que pudimos tener con la Constitución de 1978 haciendo mofa de ella. Unos más, otros menos, pero todos están en la misma fiesta que nos arruina a los españoles.
