Durante algún tiempo se especuló con la posibilidad de que, en torno a la Fundación del Valencia CF, pudiera articularse un modelo de gestión, que corrigiera los graves problemas causados por la irrupción de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el mundo del fútbol profesional. Se entendía que la Fundación aportaría estabilidad institucional y rigor a la gestión económica del club, con el aval del grupo de notables que formaban parte de su patronato. En cierto modo, se trataba de devolver el Valencia CF al valencianismo de base, representado a través de una organización sin ánimo de lucro y de naturaleza transversal. Para ello, la Fundación accedió al control del club de Mestalla en 2009, mediante un préstamo concedido por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.
Sin embargo, tras el impago de los intereses del préstamo que vencieron el pasado mes de agosto, lo que parecía una solución a largo plazo, corre el riesgo de convertirse en un breve paréntesis en la historia del club. Si nadie lo remedia, y a estas alturas resulta difícil que así sea, en los próximos meses la Fundación dejará de ser el accionista mayoritario del Valencia CF. De hecho, aunque se adopte una solución de última hora que permita el pago de los intereses vencidos, es improbable que la entidad pueda atender las siguientes anualidades del préstamo, que no solo incluirán intereses como hasta ahora, sino además las correspondientes cuotas de amortización. De consumarse el impago, el acreedor ejecutaría el aval y las acciones que ahora obran en poder de la entidad pasarían a manos del Instituto Valenciano de Finanzas.
Vista con cierta perspectiva histórica, la compraventa de acciones por parte de la Fundación será recordada como una situación transitoria de financiación, que facilitó la llegada de un nuevo propietario. Y todo ello, porque al diseñar la operación, no se otorgó a la Fundación suficiencia financiera propia para hacer frente a las cuotas del préstamo. Como el Valencia CF nunca ha pagado dividendos, porque se entiende que el dividendo en un equipo de fútbol comienza y acaba sobre el césped, la Fundación se encontró de la noche a la mañana con una deuda formidable a cambio de un activo improductivo. A estas aturas, y con el pago de la deuda a la vuelta de la esquina, es virtualmente imposible que la Fundación genere autónomamente los recursos necesarios para mantener el control del club.
Técnicamente, las alternativas son escasas. El Valencia CF, SAD no puede desviar recursos a su propietario porque el artículo 150 de la ley de Sociedades de Capital prohíbe expresamente a la SAD «anticipar fondos, conceder préstamos, prestar garantías ni facilitar ningún tipo de asistencia financiera para la adquisición de sus acciones». Es más, el artículo 157.2 de la ley establece claramente que este tipo de infracciones «se sancionarán con multa por importe de hasta el valor nominal de las [€] acciones suscritas [€] o adquiridas por un tercero con asistencia financiera».
Cargada de razones, la Generalitat se ha negado por activa y por pasiva a conservar el control del club, por lo que la venta a un tercero está servida. A no ser, claro está, que el valencianismo esté dispuesto a deshacer toda esta arquitectura institucional fallida, y volver a empezar el proceso desde cero, con generosidad, otorgando a la Fundación o a cualquier otra institución depositaria del paquete de control, la capacidad económica necesaria para gestionar de forma independiente el Valencia CF.
