El futuro del Valencia CF está, más que nunca, en manos de Bankia, después de que una sentencia anulara ayer el aval de la Generalitat Valenciana al préstamo por el que la Fundacio VCF asumió el poder accionarial del club en 2009, después de la ampliación de capital. Pero la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está dispuesta a agotar todos los recursos jurídicos posibles para que el Consell asuma su condición de garante de aquel crédito de 81 millones de euros. El máximo acreedor del Valencia se considera «perjudicado» por la decisión de la magistrada del caso y ayer anunció que estudia «diferentes medidas para hacer valer sus derechos». Fuentes del banco consideran que jurídicamente «las posibilidades de convertirse en máximo accionista del club en agosto, en caso de que la Fundación no pague el próximo plazo de intereses, son nulas». La entidad bancaria confía en conseguir la nulidad del fallo judicial y no descarta incluso reclamar al IVF por conceder un aval no válido.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia varió ayer sustancialmente el panorama del control accionarial del Valencia, al concluir que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) «avaló en 2009 una operación de compra por parte de la Fundación del Valencia CF en detrimento de otros socios». La magistrada Laura Alabau declaró nulo el aval por defecto de forma — al no haber consultado previamente al Departamento de la Competencia de la Unión Europea— y por excederse, la Generalitat, «en mucho en los límites establecidos por la Comisión de Inversiones» respecto a «los límites presupuestarios y legales de concesión de avales y el marco de la normativa comunitaria sobre concesión de ayudas públicas». A lo largo de catorce páginas, muy críticas con el papel desempeñado por el IVF, argumenta que la ayuda «se concede a una entidad que carece de ingresos y por tanto posibilidades de costear el importe del aval». La denuncia fue presentada en 2010 por los socios del Valencia Luis Salvador Molina y Sandro García Cervera, «que no pudieron acceder a la suscripción preferente de las acciones porque fueron suscritas por la Fundación gracias al aval del Consell», según la magistrada.
En el fallo judicial, que es recurrible por las partes, se insta al «cese inmediato de dicha actuación hasta la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas» ya que califican el aval como una «ayuda impropia». «Su concesión, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al IVF, sino cuantiosas pérdidas», afirma. Los demandantes, inicialmente, incurrieron en el error de denunciar «el otorgamiento de avales al Valencia CF en lugar de la Fundació VBF», a lo que la Dirección General de Economía y Hacienda contestó diciendo que «no tenía constancia de aval alguno prestado por la Generalitat en beneficio del Valencia». Según la jueza, «esta afirmación sin llegar a faltar a la verdad la oculta al no aclarar tan obvio malentendido», lo que hizo que la Comisión archivara provisionalmente la denuncia.
Situación comprometida
La anulación del aval deja a Bankia en una situación muy comprometida: le quedan por cobrar más de cien millones de euros del crédito (sumando intereses y la amortización del capital) y con su deudor, la Fundació VCF, en calidad de insolvente. El banco, intervenido por el gobierno y por la Unión Europea, no va a dar su brazo a torcer. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri entiende que tienes muchas alternativas para defenderse. Desde pedir a la magistrada que reabra la causa, apelar en segunda instancia, pedir la nulidad procesal o incluso reclamar al IVF el dinero que le corresponde. A falta de que la sentencia sea firme, el Consell deja de controlar la Fundació VCF, condición que había adquirido el pasado 31 de enero y que quedó confirmada con el pago de los 4,86 millones de intereses del crédito al que no había podido hacer frente el patronato que ahora preside Mateo Castellá, nombrado por el Consell. El gobierno autonómico había reestructurado totalmente la Fundació VCF, que fue limitada a doce patronos al pasar estar bajo el control de la Generalitat.
Dos accionistas sin relación con ninguna de las familias del club
Dos accionistas sin relación alguna con las familias ni grupos de poder y oposición del valencianismo han dado otra vuelta de tuerca a la situación accionarial del Valencia. Luis Salvador Molina y Sandro García Cervera se presentaron en marzo de 2010 ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia como los accionistas número 41.214 y 55.484, respectivamente, del club de Mestalla. Plantearon la demanda mediante Ausbanc, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Ambos solicitaban su condición de socios del Valencia «que aspiraban a ejercitar el derecho de suscripción preferente de las acciones resultantes excedentes de la primera oferta de la ampliación de capital» de 2009. Un derecho al que no pudieron acceder «pues la totalidad» de esas acciones «fueron suscritas por la Fundación del Valencia gracias a la concesión del aval por parte del Instituto Valenciano de Finanzas», que impugnaron. El abogado José Antonio Pérez Vercher, delegado de Ausbanc en Valencia, afirmó entonces desconocer las intenciones posteriores de los accionistas. «Las consecuencias últimas no son objeto del asunto», aseguró. Este periódico trató de obtener ayer la versión de Molina y García Cervera, así como la de Pérez Vercher, sin éxito. Informa: V. C. T.
