El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia hecho público ayer va a tener unas consuencias directas sobre la querella que hay abierta, por la causa civil, contra los responsables de ejecución de la ampliación de capital. Una causa para la que están citados a declarar, en calidad de imputados, el presidente del Valencia, Manuel Llorente; el expresidente de la Fundació VCF, Társilo Piles; el exvicepresidente del club y exresponsable de las finanzas del Valencia, Javier Gómez, así como el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. La anulación del aval de la Generalitat Valenciana le ha puesto un puente de plata al grupo de accionistas que lidera Sanchis para intensificar su cruzada contra los responsables de una operación que califican de «estafa» contra la masa social del Valencia. No es más, consideran, que la confirmación de que la venta de las acciones a la Fundación fue una maniobra «ilegal y gestada desde la irresponsabilidad». No hay que olvidar que están citadas a declarar por los supuestos delitos de estafa, falsedad, malversación de caudales públicos, delito societario y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Conocida la sentencia que no sólo cuestiona, sino que anula el aval del gobierno autonómico, este grupo se plantea ahora ampliar la querella contra el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por actuar como garante de la venta del 72,8 por ciento de las acciones a la Fundació VCF de un préstamo de 75 millones de euros.

Hasta ahora, los querellantes habían citado como testigo a Jorge Vela, exdirector del IVF. Es la persona que aparece como responsable del aval en la documentación presentada por el Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Vela podría terminar declarando en calidad de imputado.

Lo cierto es que la anulación del aval del Consell alimenta los argumentos expuestos ante el juez por el grupo que encabeza el líder de la extinta plataforma Nou Valencia. El día 22 de abril es la fecha para que declaran los cuatro imputados que, según la querella, planearon el traspaso accionarial del Valencia a la Fundación para satisfacer los intereses «del socio financiero», entonces Bancaja. Los citados podrían negarse a declarar.