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El aval del Instituto Valenciano de Finanzas a la Fundació VCF "sigue vivo" para Bankia. La ejecución provisional de la sentencia que anulaba la garantía bancaria firmada por el IVF no cambia las cosas para el banco, que defiende que se trata de "un instrumento mercantil", mientras que la decisión de la jueza es de tipo "administrativa". La entidad bancaria, como ya adelantó nada más conocerse el martes el auto de la magistrada Laura Alabau, agotará "todas las alternativas" para que la Generalitat Valenciana siga como avalista de los 81 millones de euros firmados en su día con Bancaja. Los servicios jurídicos de Bankia esgrimen para exigir la responsabilidad del gobierno valenciano que al primer aval, firmado en agosto de 2009 para la concesión de un crédito de 75 millones, se sumó un segundo -en noviembre de 2010-, para una ampliación de 6 millones de euros. El primero con Enrique Pérrez Boada como director general del IVF, y el segundo ya con Jorge Vela como su sustituto. La jueza recordaba en su razonamiento jurídico que Bankia "podría reclamar a la administración por esos daños".

En esta batalla será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quien tenga que pronunciarse. Bankia dispone de quince días para interponer recurso y los dos socios demandantes podrán después presentar sus alegaciones. Desde el Consell ya se ha anunciado que esperarán al pronunciamiento final de los jueces. Lo paradójico es que el IVF acató desde el principio una sentencia judicial dictada en su contra, pero que le liberaba de las obligaciones contraídas en su condición de avalista. Solo movió ficha para tratar de impedir la personación de Bankia en la causa. Abogacía de la Generalitat argumentaba en su alegación que Bankia no podía esgrimir ningún tipo de indefensión por no haber sido citada, "ya que es notorio que ha tenido conocimiento del proceso" a través "de los medios de comunicación". "Pudiendo haberse personado no lo hizo en ningún momento y solo (lo hace) al producirse una sentencia definitiva, que considera desfavorable para sus intereses", razonaban los servicios jurídicos del Consell, al que Bruselas ha reclamado información sobre las ayudas concedidas al Valencia. La jueza tampoco ha escatimado críticas "cuando la Generalitat a duras penas puede atender ss propias obligaciones de pago nacidas de la prestacion de servicios publicos esenciales".

Para el banco, en cualquier caso, la Fundación es un cliente que está al corriente de sus pagos, aunque fuera la Generalitat la que en febrero tuviera que hacerse cargo del anterior vencimiento de 4,8 millones. Cosa que ahora no ocurrirá, al haber perdido vigencia el aval político. Hasta el 27 de agosto, en que habrá que volver a pagar, la situación accionarial del Valencia no varía. El millón y medio de títulos siguen en poder del máximo accionista y Bankia tampoco tiene intención de quedarse en prenda las acciones, por lo que todo apunta a que habría una nueva moratoria pues el patronato solo puede abonar 1,5 millón de euros.

Responsabilidades penales

Por su parte, el abogado de los socios del Valencia que en marzo tumbaron el aval volvió a reclamar ayer que todas las partes implicadas "reaccionen" y empiecen "a asumir sus responsbilidades". El letrado José Antonio Pérez Vercher recordó a la Conselleria de Gobernación y Justicia, de la cual depende el Protectorado de las Fundaciones - como ya hizo hace unas semanas a través de un escrito-, que tiene la "obligación de intervenir". Vercher insta al Protectorado a intervenir ante la situación de insolvencia de la Fundación, debiendo proponer ante la falta de recursos de la misma su liquidación como única salida legal. En caso contrario, avisa que los técnicos del Protectorado y los dirigentes de la Conselleria podrían incurrir en responsabilidades penales. Además, ayer incidía en que la Fundación ni siquiera se opuso en su día a la ejecución provisional de la sentencia. "Nadie hizo nada, todo son parcheos", insistía.