La Fundació confía en que Bankia acepte aplazar a enero el grueso de los intereses

La Fundació VCF ya ha comunicado a Bankia que el 26 de agosto recibirá una transferencia de 1.500.000 millones de euros, a cuenta de los 5.400.000 que le adeuda en concepto de intereses por el préstamo de la ampliación de capital de 2009. Imposible recaudar más dinero hasta esa fecha con los recursos que genera el patronato por lo que, acto seguido, se solicitará al banco un nuevo aplazamiento hasta enero de 2014, tiempo en el que buscarán cómo liquidar la mayor parte de ese vencimiento. "Eso sería lo más sensato", explicaba ayer Aurelio Martínez, que se mostraba tranquilo, y convencido de que Bankia no ejecutará la prenda de las acciones, tras haber perdido por sentencia judicial el aval del Instituto Valenciano de Finanzas.

"Creo que eso es impensable", defendía Martínez, que conocía ayer a través de Levante-EMV que Bankia ha solicitado al TSJ una tramitación preferente de su recurso contra la decisión de la jueza que libera a la Generalitat de responder bancariamente por esa deuda. Bankia trata por todas las vías de que el Consell vuelva a ser avalista, de ahí su apremio al alto tribunal valenciano. Despejar esa incógnita sería "fantástico" también para la Fundación, con la sombra del concurso de acreedores planeando y sin posibilidad de salir del actual atolladero económico-judicial.

El auto de la magistrada Laura Alabau, que privó a Bankia del aval del gobierno valenciano, ha dejado en vía muerta la refinanciación de la deuda bancaria de la Fundació VCF, pero también la del Valencia CF SAD. Negociar ambos préstamos (81 y 220 respectivamente), a largo plazo y con al menos tres años de carencia, es la única garantía de futuro para el club. De lo contrario, la Fundación estaría abocada a entrar en Ley Concursal. Pero sin el aval del IVF, Bankia no quiere retomar las conversaciones, iniciadas en su día por Manuel Llorente, y cuyo relevo tomó Aurelio Martínez. "Lo ideal sería una solución global", recuerda el presidente del patronato. El crédito del Valencia, prorrrogado hasta noviembre, ya no logró Llorente renovarlo con mejores condiciones al supeditarlo Bankia a lo que sucediera con la Fundación. Sin aval, Bankia - sometida a un férreo control por parte del Banco de España- ya ha advertido que no refinancia más.

La sentencia judicial que tumbó el aval del Instituto Valenciano de Finanzas, recurrida por Bankia, está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En esta larga partida que ahora se dirime en los tribunales que el aval vuelva a ser de titularidad pública es básico para la Fundación. Eso permitiría volver a sentarse con los responsables de Bankia y buscar un calendario de pagos cómodo para el patronato y la entidad de Mestalla.

El otro escenario posible que podría darse es el que esgrime Bankia en su escrito al TSJ, y es que ésta ejecute el millón y medio de títulos en poder de la Fundación -suponen el control del 70% del accionariado-. Algo que en el seno de la Fundación consideran "una auténtica locura". Nadie ve a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri como dueña de un club de fútbol. Lo lógico, pues, es alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes. De ejecutar la prenda de las acciones, el siguiente paso es que la entidad bancaria tratara de buscar un comprador lo antes posible. Fuentes de Bankia apostaban ayer por la cautela y emplazaban al día en que venza la deuda. "No hay nada decidido", insistían, pues todo dependerá de lo que el TSJ estime al respecto del aval.

En cualquier caso, los actuales patronos siguen trabajando para tratar de recaudar la mayor cantidad de dinero posible, sabedores de que será "complicado". "Sería un milagro que en seis meses se pudieran generar esos ingresos", reconocía, "cuando el anterior equipo no pudo siquiera hacer frente al primer pago". El Instituto Valenciano de Finanzas acudió entonces al rescate, obligado por su condición de avalista, abonando 4.800.000 euros el pasado mes de febrero. Recurrir al ejecutivo valenciano, ahora, es imposible, mientras no se pronuncie la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Máximo Buch ya advirtió hace unos días que la Generalitat "no dará un duro más al Valencia", y José Císcar recuerda a cada momento que solo volverán a ser avalistas "si lo indica un juez".