Amadeo Salvo concurre hoy a la Junta General Ordinaria de Accionistas con una asignatura pendiente: anunciar de manera oficial la refinanciación de la deuda de la Sociedad Anónima Deportiva (225 millones). Objetivo frustrado mientras no se resuelva la titularidad del aval a la Fundació VCF. Algo complicado, pues la batalla en los tribunales continúa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana devolvió la causa al Juzgado Número 3 para que Bankia pudiera personarse, y defenderse. No ha tardado el banco en concurrir por primera vez como parte y presentar sus alegaciones, con las que demostrar "la legalidad" en la actuación del Instituto Valenciano de Finanzas cuando en 2009 garantizó el crédito de la ampliación de capital. En su último escrito, Bankia esgrime que los dos accionistas que con su demanda lograron eximir al Consell de responder por los impagos de la Fundación, lejos de hacerlo en tiempo y forma, denunciaron "casi cinco meses después" de lo previsto por la ley.

Según los letrados de la entidad bancaria, "el aval se concedió el 22 de agosto de 2009", pero no formularon ningún tipo de requerimiento "hasta el 1 de marzo de 2010, seis meses después". A todos los efectos, sobrepasando "todos los plazos legales", según reza el documento. Tanto los dos meses para impugnar un acto administrativo, como otros más breves para recurrir ante la vía de hecho. Bankia, además, muestra su sorpresa ante la actuación del IVF que "incomprensiblemente no invocó la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad". Los abogados del banco recuerdan a la jueza que los dos accionistas del Valencia CF actuaron "a su libre voluntad", de forma "libérrima". Datos "desconocidos" hasta la fecha por Bankia, pues recuerda que no había tenido acceso al expediente administrativo. El IVF estuvo litigando desde 2010 hasta febrero de 2013 para defender la legalidad del aval, pero nunca esgrimió el incumplimiento de los plazos legales en que incurrieron ambos demandantes, defendidos por Ausbanc. En este punto, Bankia esgrime que no pueden obviarse "las más elementales exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica". En este capítulo insiste en que pese a que los beneficiarios de la ayuda otorgada han sido la Fundació y el Valencia, "el único perjudicado es Bankia"."Hizo una atribución patrimonial de 81 millones de euros confiando en la buena fe de las instituciones jurídicas diseñadas para proteger su derecho", relatan. Una situación que ha derivado en la pérdida de una "garantía importantísima, mientras que el IVF se ve protegido de lo que pretendidamente ha provocado".

"Petrificar la situación actual"

Además, Bankia reitera que todo "conduce a petrificar la situación actual de modo que el contrato del aval y el propio aval seguirá existente". Después de este primer paso, Bankia tendrá ahora que presentar sus alegaciones en contra de la petición de suspensión cautelar del aval. Mientras, todo continúa en el aire, pese al anuncio hace unas semanas de Alberto Fabra - en presencia de José Ignacio Goirigolzarri- de que iban a trabajar en un acuerdo con la entidad financiera que garantizase el futuro del Valencia CF sin tener que desembolsar más dinero de las arcas públicas. Algo que ya ocurrió en febrero, cuando abonó 4,8 millones al banco.