Enérgico en sus respuestas y sin titubear lo más mínimo, el presidente Amadeo Salvo explotó ante el requerimiento realizado por José Granell „uno de los socios que era Newcoval, concretamente el que representa a Aedifica„ por el cual reclama 87 millones de euros. Esta situación ha sido advertida por los asesores jurídicos de Peter Lim, en opinión del presidente del VCF, así como el proceso judicial por la ampliación de capital, situaciones que a día de hoy bloquean la venta del club al empresario singapurense. Como en cualquier proceso de compra-venta, pero más en operaciones de gran envergadura, el comprador quiere que no haya cargas y por eso exige que alguien «garantice» que esas dos reclamaciones prosperen. Salvo, según dijo, considera que ese requerimiento «no tiene recorrido, es muy difícil que prosperara, pero se puede pedir y nadie le puede garantizar que eso no ocurra».

El presidente del VCF apareció en la rueda de prensa con la escritura firmada el 21 de diciembre de 2011 entre la entidad y Newcoval, que firmaron un «protocolo contrato marco de promesa obligacional y de promesa de permuta mixta futura de terrenos, aprovechamiento urbanístico y efectivo por ejecución de obra, asunción de deuda y otros compromisos, y entrega terrenos y edificación futura, sujeta a condiciones suspensivas». Ahí se habla de una serie de contraprestaciones por las dos partes, especificando que las obligaciones dimanantes están sujetas a la consecución de todas las «condiciones suspensivas», siempre en los ocho meses siguientes a la firma de la presente promesa, como máximo hasta el 21 de agosto de 2012. No se cumplió ninguna, pero aparte, en el contrato se especificó que «si no se cumplieran esas condiciones suspensivas, el VCF reintegrará a Newcoval exclusivamente hasta un máximo del 50 por ciento de los costes, razonables y justificados de redacción del proyecto de escritura espacial y cerramiento de vidrio del nuevo estadio, cuyos costes se estiman por las partes en 1,8 millones de euros, cifra que actuará en todo caso, como base máxima para el cálculo del dicho 50 por ciento, y que una vez pagado por el VCF quedará de su propiedad».

En este punto el presidente explotó: «Estos sinvergüenzas firman que lo máximo que pueden reclamar es el 50 por ciento de 1,8 millones de euros y reclaman los 87, porque forman parte de una o de dos, o de una que es tapadera de otra, de las propuestas que el Patronato desestimó porque no eran adecuadas para el VCF».

Desde que entraron al club Salvo y el actual consejo de administración han abordado este asunto, que consideraron cerrado en favor del club el 22 de marzo de 2013 después de una gestión realizada por Llorente. Se sentaron cara a cara con José Granell „cita en la que también estuvo el consejero José Manuel Palau„, y aunque sí han hecho algunos pagos (concretamente de 165.000 euros), pero antes de ir más allá querían revisar toda la documentación. «Igual ese precio de los 900.000 euros no tenía ningún sentido», apuntó el presidente, que se pone en el peor de los casos a pesar de que aún no se ha hecho esa reclamación judicial, antes de añadir que «quiero verificar si con eso se liquidaba o hay un documento después que desconozcamos, igual luego aparece otro papel».

Bajo este argumento, Salvo insiste en que todo esto «es una forma de bloquear el proceso de venta».