No hay fútbol regional este fin de semana en España. Esta es la respuesta de 18 federaciones territoriales de todo el país a la nueva ley de voluntariado con la que el gobierno central quiere regular el fútbol base. Dicha ley pretende convertir a los clubes deportivos en empresas y que sus entrenadores coticen como autónomos en la Seguridad Social. La Federación Valencia de Fútbol no ha dudado en sumarse a la iniciativa, de ahí que todos los clubes de la Comunitat no jueguen esta semana como protesta contra una medida que conllevaría el aumento de las cuotas de las escuelas de fútbol y, con ello, la desaparición de muchas de ellas.

Desde los clubes la protesta es unánime. El presidente del Sedaví F. C., Sergio Soldado, cree que «muchas escuelas no van a ser capaces de llevar a cabo esta reforma», ya que con la nueva ley los entrenadores van a costar un 50% más a los clubes. «Esto es inviable porque el fútbol base no es un negocio. Nadie se enriquece, por lo que es excesivo que nos obliguen a todo esto», lamenta. Carlos Sanchis, director deportivo del C.D. Serranos, reconoce que «una subida de las cuotas supondrá que el club pierda niños, lo que pondrá en peligro la viabilidad de los equipos modestos», mientras que José Antonio Ortiz, director deportivo del Tavernes Blanques, va más allá y se pregunta dónde jugarán los chavales si esto sucede. «Las cuotas se van a desbordar y los niños no van a poder jugar al fútbol», sentencia.

Pero si este hecho preocupa a los clubes, todavía lo hace más a las familias. «Entre los padres hay muchísima preocupación porque no saben qué va a pasar con sus hijos el año que viene. Si se obliga a todo esto hay que subir los precios y si subimos las cuotas se van a crear escuelas muy elitistas porque muchas familias medias no podrán asumir los precios», explica Soldado. Sanchis reconoce que «a los padres les preocupa el tema económico porque las cuotas van a tener que subir», pero asegura que no son los únicos preocupados por la aplicación de la ley. Los entrenadores son otras de las figuras más afectadas, ya que la mayoría de ellos son voluntarios que trabajan de forma prácticamente altruista. «Los entrenadores cobran entre 100 y 150 euros. Si de ahí tenemos que pagar seguridad social, no podemos afrontarlo», afirma Armando Madera Del Moral, presidente del Club Deportivo La Rambleta.

La huelga afecta a todas las categorías de formación del fútbol y del fútbol sala, tanto en categoría masculina como en femenina, lo que supone que se suspendan cerca de 15.000 partidos en toda España y que más de 70.000 personas se queden sin fútbol en la Comunitat. El parón liguero no solo repercute en futbolistas y entrenadores, sino también en sus familias y en todas aquellas personas que cada fin de semana disfrutan del fútbol regional. «En el club todavía lo estamos asimilando porque para nosotros el fútbol es una forma de vida. Estamos acostumbrados a tener fútbol los viernes, sábados y domingos, por lo que el parón es triste para todos», explica Del Moral.

Pese a que la huelga contará con el respaldo absoluto de todos los clubes de la Comunitat, muchos coinciden en que desde la federación no se han planteado soluciones reales. «Todo el mundo apoya la huelga como medida de presión para que nos hagan caso, pero veo difícil que se consiga algo», comenta el presidente del C.D. Contestano, José Vicente Castelló. La misma opinión tiene Sergio Soldado, quien cree que el parón es algo «simbólico» y que, por tanto, no va a tener mucha repercusión. «La manera de actuar tendría que haber sido distinta. Se debería haber llegado a un acuerdo entre las federaciones de todos los deportes, no solo de fútbol, porque esto nos afecta a todos. Eso sí tendría fuerza», afirma. Soldado cree que la solución del conflicto pasa por fijar una cantidad mínima para los entrenadores o un régimen especial para el deporte base, pues «si los formadores ganan 1.500 euros al año, al menos que su trabajo no sea un perjuicio para ellos».

Pero las reivindicaciones de los clubes van más allá. Muchos se quejan de la desinfomación a la que se ven expuestos y reclaman más atención de la Federación. «Estamos a la expectativa. No sabemos cómo actuar porque se nos ha dado muy poca información. No tenemos ni idea de cómo plantear el proyecto para el año que viene porque los presupuestos se hacen en función de los costes que vayamos a tener y todavía no sabemos si tenemos que pagar Seguridad Social o no», explica José Antonio Ortiz.

Por su parte, otros clubes como La Rambleta reclaman más ayudas a la Administración. Su presidente se muestra convencido de que «o los ayuntamientos ayudan, o el fútbol base va a desaparecer», ya que los clubes no pueden asumir los gastos. «En Valencia el Ayuntamiento no ayuda nada a los clubes. Nos cede las instalaciones, pero los 34 equipos de la capital tenemos que pagar todos los gastos y no podemos con todo», afirma. Mientras, su homólogo del Contestano lamenta que en la Comunitat se pague mucho más dinero que en otras comunidades autónomas como Madrid. «La Federación Valenciana nos masacra porque un niño por menos de 80 euros no puede jugar», explica.

Muchos de estos clubes dependen de las subvenciones para sobrevivir. Las cuotas suelen dedicarse en su totalidad para costear gastos y el margen de beneficio es minúsculo. De ahí que la nueva ley del gobierno resulte un duro golpe para las arcas de los clubes y, en consecuencia, para los bolsillos de todos aquellos que día a día hacen posible el fútbol base.