La organización de la Subida al Garbí defendió ayer, durante la concentración que se celebró frente al Ayuntamiento de Serra a favor de la prueba, la legalidad de la carrera decana del automovilismo valenciano. El frente estuvo liderado por el alcalde de Serra, Javier Arnal; la diputada socialista de Deportes, Mercedes Caballero, y el asesor jurídico de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, Leopoldo Vidal. Y los tres subrayaron la arbitrariedad de la Consellería de Medio Ambiente en su interpretación de la ley sobre la conservación del Parque Natural de la Sierra de la Calderona. ¿Por qué existe un informe técnico que no permite la celebración del rally y, sin embargo, no hay ningún impedimento para que una etapa de la próxima Vuelta Ciclista a España discurra por la misma carretera? Efectivamente, la sexta etapa del a Vuelta pasará por el Garbí. Será un 24 de agosto, posiblemente con riesgo de incendio de nivel III, y convocará a miles de personas ese día en el Parque de la Calderona. Por no hablar de los centenares de vehículos a motor que forman la caravana ciclista que, ese día, bajarán y subirán el puerto del Garbí.

«Nosotros queremos que pase la Vuelta por Serra y muchas cosas más, como la Subida al Garbí, pero para eso necesitamos la flexibilidad de la Conselleria de Medio Ambiente», vinieron a coincidir los tres agentes (ayuntamiento, federación y PSPV) defensores de la carrera de coches, junto a la Escudería Bengala, principal organizadora de la prueba. «El Plan Rector de Uso y Gestión de la Serra Calderona (PRUG) dice que están prohibidas las pruebas deportivas, así que también debería estar prohibida la etapa de la Vuelta. ¿Cuál es la diferencia de criterios de una prueba y otra? Las dos van por asfalto. No tiene sentido que una cosa sí y otra no», aseguró Leopoldo Vidal. «No deja de ser curioso que la Subida al Garbí, que son 4 kilómetros un día de invierno plantee tantos problemas que la Vuelta Ciclista a España pase por aquí el 24 de agosto, posiblemente con máximo riesgo de incendios, con una movilización infinitamente superior, con mucho más impacto que la prueba del Garbí», añadió.

De momento, la organización llevará la suspensión del rally a los tribunales. «Hay dos caminos. Uno es el de posicionarse en los tribunales diciendo que la interpretación de Medio Ambiente es totalmente discrecional. Tendrá que ser un juez el que dirá lo que dice la norma aplicable (Orden de 2010 referente al Plan de Uso del Parque Natural de la Sierra Calderona)», asegura Javier Arnal, que defiende la conservación del parque en consonancia con el desarrollo socioeconómico de la zona. En la misma línea se mostró Mercedes Caballero. «Si la ley prohibe la prueba, algo que desde nuestra interpretación no es así, tendremos que cambiarla desde las Cortes Valencianas. Desde el Partido Socialista, Vamos a seguir apoyando la Subida al Garbí. La mejor forma de proteger los parques es utilizándolos y al mismo tiempo desarrollándolos por el bien de los municipios del interior», dijo.