«Se intentó premiar a nuestros jugadores para conseguir nuestro objetivo, que era permanecer en Primera División». El expropietario y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, afirmó ayer en el juicio por el presunto amaño del partido que jugó contra el Levante UD, en la temporada 2010-2011, que los más de 900.000 euros que el club entregó a los jugadores eran en concepto de primas por lograr la permanencia en Primera división.

El antiguo propietario del club detalló que el dinero se entregó a los jugadores más importantes del equipo para incentivarles y negó que el dinero se utilizara para sobornar al equipo granota. «Se me transmite desde la secretaría que habría que motivar a determinados jugadores que son los que llevan el equipo y se habla de una cifra cercana al millón de euros. Yo doy el ok y el mecanismo de cómo funciona ya no depende de mi, depende del director financiero», apuntó.

Así lo declaró el empresario en la segunda sesión del juicio por el presunto amaño del partido entre el Levante y el Real Zaragoza que hasta el próximo día 30 de septiembre acoge la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de València. El conjunto maño ganó 1-2 y consiguió la permanencia. El resultado forzó el descenso del Deportivo de La Coruña. En el banquillo figuran 42 acusados por estos hechos, entre exdirectivos y jugadores de fútbol.

Agapito Iglesias solo respondió a las preguntas de la Fiscalía y las defensas. El empresario aragonés se negó a contestar al abogado de LaLiga y al del club gallego. El Deportivo reclama una indemnización por el perjuicio económico que le causó el descenso.

La Fiscalía Anticorrupción desestabilizó a Agapito Iglesias durante su interrogatorio y el empresario cayó en múltiples contradicciones respecto a su primera declaración en fase de instrucción. «El acuerdo de las primas era verbal y se negociaron con los capitanes», dijo el ex presidente, quien trasladó al fiscal que se trata de una práctica habitual entre las entidades deportivas de Primera.

Respecto a los pagos en efectivo de grandes cantidades de dinero, Iglesias reconoció que los jugadores querían cobrar y «no se fiaban del club», pues no recibían los ingresos de sus nóminas por las dificultades económicas que atravesaba el club.

«Había problemas para pagar a jugadores y proveedores. Días antes del partido hice un préstamo de ocho millones de euros desde una de mis empresas», razonó Iglesias, que a preguntas del fiscal admitió la «merma de ingresos» que hubiese supuesto el descenso y la derrota ante el Levante UD.

Agapito Iglesias no aclaró por qué unas primas se pagaban mediante transferencias y otras en efectivo. El fiscal Pablo Ponce le trasladó que no existía en el club documentación relativa sobre primas y el expresidente señaló que «es un pacto que teníamos, es lo que se acordó con los jugadores y el resto de la plantilla»

Por otra parte, el expropietario del Zaragoza aseguró desconocer por qué hay jugadores que niegan haber recibido el dinero. «Eso se lo tiene que preguntar a ellos», respondió. Eso sí, aclaró que «todas las entregas están declaradas a Hacienda».

Ayer también declaró el representante legal de Real Zaragoza, Fernando Sainz de Varanda, actual vicepresidente, pues la entidad está acusada como persona jurídica en el juicio por no poner en marcha mecanismos legales para prevenir la corrupción en el deporte.

Sainz de Varanda, hijo del exalcalde socialista de Zaragoza Ramón Sainz de Varanda y sobrino del empresario César Alierta, reconoció a preguntas del fiscal que era habitual que el club maño pagara las primas a los jugadores en efectivo. Incluso antes de que se celebrase el partido que está ahora bajo sospecha.

«Se pactan primas, y dada la situación del club que llevaba sin pagar nada los últimos meses, y ante la poca confianza de los jugadores, se pacta una prima que se entrega previamente. Si no va bien lo devuelven», respondió.

A continuación, la Fiscalía preguntó si el Real Zaragoza tenia algún sistema que impidiese «que una persona del club fuese por ahí con cantidades en efectivo». Saínz de Varanda respondió que «el hecho de llevar en un maletín con 130.000 euros no es un delito. No veo donde está el problema de que una persona lleve dinero en efectivo. El dinero en efectivo no es un delito, otra cosa es que se lo hubiera llevado sin consentimiento», repitió. El juicio se retoma hoy con más interrogatorios.