La presunta organización criminal del PP de la provincia de Valencia ha acabado arrastrando al juzgado que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula a dos entidades deportivas de la Comunitat Valenciana. Son el Olímpic de Xàtiva, el club que presidió el exalcalde de la ciudad y expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus; y el Club Deportivo Massamagrell, en l'Horta Nord.

El juez Víctor Gómez ha dictado un auto por el que levanta el secreto de sumario de esta pieza separada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregado un informe en el que acredita 13 años de presunta financiación irregular del Olímpic y la implicación en la trama de la anterior dirección del CD Massamagrell.

En su resolución, el juez imputa otra vez a Alfonso Rus, presunto cerebro de la red según la Guardia Civil; Eduardo Balaguer, vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva; así como al funcionario Juan Boluda y a los técnicos Eloy Pedrón Aparicio, Antonio Vela Masó y José Vera Chafer. Boluda, en concreto, es en la actualidad el jefe de área de Fomento de Xàtiva.

Además, suma a la lista de imputados al empresario de Xàtiva Jaime José Úbeda y a Emilio Llopis, ex alcalde de Genovés y ex jefe de gabinete de Rus. También ha sido imputado Miguel Bailach, ex diputado provincial y alcalde de Massamagrell entre 2003-2015. En la actualidad Bailach es concejal y portavoz del PP municipal y trabaja de asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (Fumé). Todavía no se ha fijado fecha para tomarles declaración al estar suspendida la actividad de los juzgados por la crisis del coronarais.

Las nuevas imputaciones llegan después de que la Fiscalía Anticorrupción elevara un escrito al juzgado tras estudiar el análisis policial. En el documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el ministerio público identifica las mecánicas de financiación que se habrían utilizado entre 2003 y 2016. Anticorrupción atribuye a los investigados delitos de falsedad, malversación y cohecho.

La Fiscalía destaca en primer lugar «la desaparición intencionada de la contabilidad del club» setabense y pide al juez que se dirija a la entidad para conocer los nombres de las personas de la junta directiva, pues supone un «inicio de la utilización torticera e interesada». Una de las mecánicas consistiría en la puesta en marcha de campañas de publicidad inexistentes «de empresas con implantación nacional», así como la entrega o ingresos de dinero en efectivo por valor de 130.000 euros. El dinero que habría recibido Rus de empresarios para financiar al club se eleva a 756.000 euros.

Por otra parte, según la Fiscalía, el informe policial también señala a Eduardo Granell, expresidente del CD Massamagrell y administrador de las empresas Soluciones Césped Artificial y Multiservicio Català. La Guardia Civil cree que este empresario -dejó la dirección del club en 2015- y el exalcalde de Massamagrell formaron parte de una operativa entre los años 2013 y 2014 para el «abono de facturas sin aparente contraprestación» para derivar después a las cuentas del Olímpic 36.000 euros desde una de las sociedades.

Por ello, afirma el fiscal, pide al juzgado analizar de manera «más pormenorizada los pagos efectuados» por Imelas, empresa pública de la Diputación. Según la documentación revisada por este periódico, la empresa del presidente del CD Massamagrell facturó en dos años (2010 y 2011) 34.100 euros a la Diputación por servicios en la instalación de césped artificial.

Pagos de empresarios

El juez también cita en calidad de testigos a varios empresarios, entre los que se encuentra Carlos Turró, de la constructora Cleop, investigada en varios procedimientos judiciales.

En la lista de testigos también figuran María del Carmen Juan (Franjean Obras Públicas S.L.), José Ramón Gallego Martínez (Llanera), José Vicente Guarola (Asfaltos Guarola SAÚL), Juan José Fernández (Acciona Infraestructuras S.A.), Juan Antonio Carpintero y Julio Ramírez (Indices).

La investigación policial ha acreditado que a partir del año 2003 los contratos entre el Olímpic y empresas aumentaron considerablemente. Las empresas facturaban con esta entidad por trabajos presuntamente ficticios y una de las líneas de investigación apunta a que el dinero en realidad procedía del amaño de contratos.