Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Investigan si hubo uso de información privilegiada en la Operación Porxinos

Antifraude estudia la compra de 800.000 metros cuadrados de monte en Llíria por parte de una empresa con administrador suizo, que revendió dos meses después las parcelas al Valencia, que las cedió a la Generalitat en cumplimiento de la Ley Blasco

Los terrenos del Coto de Izquierdo, en Llíria . j.m.lópez | ALBERTO SÁIZ

La Agencia Valenciana Antifraude investiga si se hizo uso de información privilegiada en el proceso de compra en Llíria de la más grande de las parcelas que Litoral del Este (la empresa promotora del Valencia CF para el fallido PAI de Porxinos) adquirió para dar cumplimiento a la obligación legal de donar suelos protegidos, de igual superficie al suelo que se debía reclasificar, para promover la ciudad deportiva de Riba-roja, en virtud del llamado «metro a metro» de la Ley de Ordenación del Territorio de 2004 impulsada por el entonces conseller Rafael Blasco. El objeto de la investigación, a petición del ayuntamiento de Llíria, se centra en los 8.920.052,64 euros desembolsados por el club de Mestalla para adquirir los 795.707 metros cuadrados del Coto de Izquierdo, un terreno rústico de 28 fincas de matorrales, bosque bajo y cultivos de secano abandonados, muy próximo al casco urbano de la capital del Camp de Túria.

Tarazona, Blasco y Soler sellan el acuerdo del PAI de Porxinos en 2005

Dichos terrenos, sobre los que no había expectativa alguna de desarrollo urbanístico, experimentaron en cuestión de sólo 65 días, como ha podido documentar Levante-EMV, una espectacular transformación de su precio. El 9 de enero de 2006 la firma mercantil Desarrollos Euromediterráneos SL, constituida en 2004 en València, compró las fincas a sus titulares hereditarios. Aunque se desconoce el precio exacto de compraventa de la escritura, en el historial de dominio con certificado de una de las parcelas (concretamente la 161 del polígono 29) se refleja un valor de 8.000 euros en el año en el que se produce la adquisición por parte de Desarrollos Euromediterráneos, lo que situaría el precio del metro cuadrado por debajo del euro.

No obstante, solo dos meses después, Litoral del Este pagó a Desarrollos Euromediterráneos, representada en la firma por el ciudadano suizo Daniel Steiner, casi 9 millones por dichos terrenos. Es decir, a 11,12 euros el metro cuadrado.

Además, sobre el Coto de Izquierdo persiste una contradicción en torno a su definitiva titularidad. Mientras que en el catastro municipal de Llíria consta que pertenece a la Generalitat Valenciana desde el año 2012, no existe expediente administrativo de posible aceptación de los mismos ni tampoco consta la inscripción en el Registro de la Propiedad por parte del organismo autonómico. Con el PAI de Porxinos tumbado por el Tribunal Supremo desde 2015, seguirían perteneciendo a su último comprador, el Valencia CF. La realidad es que, a efectos prácticos, nadie se está encargando de su conservación y mantenimiento, como se han quejado reiteradamente muchos vecinos al popularizarse el lugar en los paseos perimetrales desde el desconfinamiento. De hecho, en la duda sobre su titularidad y la reclamación por parte del alcalde Manuel Civera de la limpieza del paraje, está el origen de la investigación en curso.

Las fincas del Coto de Izquierdo tienen otra particularidad llamativa. En el anexo del acuerdo entre el ayuntamiento de Riba-roja y el Valencia en abril de 2005 se especificaba que la superficie de terreno a ceder a la Generalitat Valenciana no solo tenía que ser igual a la que había que reclasificar como marcaba la ley urbanística, sino que debía localizarse en el «ámbito de Bosque Metropolitano que ésta (Generalitat) promueve», es decir, en el término municipal de Riba-roja. «En dicha superficie se computarán los metros cuadrados de bosque mediterráneo o área forestal que ya son objeto de cesión en virtud de la alternativa técnica formulada y que formen parte de la Red Primaria de Zonas Verdes». Rafael Blasco, por entonces conseller de Territorio y Vivienda con el Partido Popular, se felicitó en la presentación del acuerdo por la decisiva mediación del gobierno valenciano. «Hemos podido reconducir un proyecto que arrancó muy mal. Las contrapartidas medioambientales que tiene la operación son históricas. El Valencia tiene que ceder a la Generalitat millón y medio de metros cuadrados para bosque metropolitano, la misma superficie que ocupa el PAI», recalcó Blasco.

En ese sentido, sorprende que casi 800.000 de los 1,23 millones de metros cuadrados que, el 22 de noviembre de 2007, el Valencia CF acabó cediendo a la Generalitat, se hallaban fuera del entorno del ámbito territorial de la actuación reclasificatoria aprobada, en los municipios de Vilamarxant y Riba-roja. El 65% del total concentrado en el Coto de Izquierdo distaba a más de 10 kilómetros del entorno de la zona de Porxinos. Su ubicación refuerza la sospecha del Ayuntamiento de Llíria respecto a «posibles actos de fraude, corrupción o malas prácticas» que se han remitido a Antifraude. La distancia kilométrica choca con el principio del acuerdo entre el club y la corporación municipal. Y acrecenta la sospecha de que en la compra previa por parte de Desarrollos Euromediterráneos, las fincas no poseían ninguna lógica posibilidad de expectativa de desarrollo urbanístico, a diferencia del suelo restante, incluido en el «bosque metropolitano» colindante al área reclasificada, y que en su mayor parte el Valencia acordó su compra con las comunidades de regantes de la zona. Los 11,12 euros por metro cuadrado pagados por el Valencia como agente urbanizador a Desarrollos Euromediterráneos se equiparan al precio de repercusión (15,08 euros/m²) que supuso la adquisición de la totalidad de los casi 1,23 millones de metros cuadrados cedidos a la Generalitat. Es decir, según expertos consultados, Litoral del Este pagó por el suelo de Llíria en valores propios de suelos clasificados como urbanizables.

¿Quién está detrás de Desarrollos Euromediterráneos, beneficiaria de tal altísima plusvalía? La mercantil fue constituida el 4 de junio de 2004, casi coincidiendo temporalmente con la aprobación por parte de las Corts de la nueva ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Daniel Steiner, el representante de la empresa en el acto de la venta de los terrenos de Llíria a Litoral del Este, conservaba residencia en la ciudad de Zúrich, en el mismo edificio en el que se encuentran ubicadas las oficinas de la empresa Sity GmbH, cuyo objeto principal es el de realizar tareas como consultora de empresas. A lo largo de su vida mercantil, la citada empresa ha tenido como apoderados a Alejandro Galiana Verdeguer, nombrado apoderado el 13 de abril de 2016; Berta Frank Ursula fue nombrada apoderada mancomunada el 20 de octubre de 2011, con cese de funciones el 13 de abril de 2016. Por lo que respecta a la sucesión de administradores únicos, Daniel Steiner cesó el 20 de octubre de 2011, fecha en la que fue relevado por César Sevilleja García, director a su vez de la empresa TORIN GmbH, con posible conexión con Sity GmbK. Sevilleja cesó en Desarrollos Euromediterráneos el 1 de febrero de 2016, fecha desde la que Willem Franx Frederik es administrador.

El PAI de Porxinos, que aprobaron en su día la Conselleria de Territorio y Vivienda y el anterior gobierno de Riba-roja —comandado por el exalcalde Francisco Tarazona— fue ideado en 2005 por el entonces presidente del Valencia, Juan Soler, e incluía la construcción de un total de 3.500 viviendas que finalmente quedaron rebajadas a 2.800. Resultó inviable, después de que desde Salvem Porxinos se denunciase, como confirmaron los tribunales, que el plan atentaba contra el entorno y quedó comprobada la falta de agua para el abastecimiento de la urbanización. A través de Litoral del Este, agente urbanizador creado a tal efecto, el Valencia compró por 60 millones los terrenos de la ciudad deportiva que nunca tendría lugar. A los pocos meses, el club vendió el suelo por 160 millones a Nozar, que con su quiebra pasó a manos de los bancos. El PAI primero quedó paralizado con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y quedó rematado con el fallo definitivo del Tribunal Supremo en 2015. El Valencia reclamó los 25 millones a la Generalitat y otros 20 a Riba-roja, que abrió una comisión de investigación municipal que acabaría frenada tras la pandemia.

Compartir el artículo

stats