Los retrasos en la puesta en marcha efectiva de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) están provocando que la negociación del nuevo convenio colectivo siga sin abordarse, más de seis meses después de que se celebraran las elecciones sindicales en los vestuarios de Primera División. Un escenario que tiene "preocupadas" a las jugadoras, según reconocen los sindicatos, aunque cuentan con la tranquilidad de cualquier acuerdo tendrá carácter retroactivo, siendo de aplicación desde el 1 de julio.

Esa retroactividad, que ya se aplicó en el primer convenio de la historia, que en la actualidad se encuentra en ultraactividad, fue acordada verbalmente la semana pasada durante las reuniones que mantuvieron los diferentes sindicatos con los representantes de la LPFF. Fueron cónclaves individuales y telemáticos, dado que la presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, se encuentra de baja por su reciente maternidad. A dichas reuniones también acudieron el vicepresidente, Rubén Alcaine, el director general, Pablo Vilches, y el asesor legal de la patronal, Santiago Nebot.

Esta fue la primera toma de contacto de carácter formal entre patronal y sindicatos, los dos agentes que deben negociar las nuevas condiciones que regirán el trabajo de las futbolistas de Primera División. El que todavía sigue en vigor es el primer convenio colectivo de la historia del fútbol español. Fue firmado en 2020 por los sindicatos y por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, por entonces la patronal, después de más de un año de arduas negociaciones, hecho que provocó incluso que las jugadoras se pusieran en huelga en noviembre de 2019.

Finalmente, sindicatos y patronal sellaron un acuerdo que recogía, entre otras muchas cuestiones, un salario mínimo de 16.000 euros brutos con un parcialidad de al menos el 75%. En la práctica, eso significó que cualquier jugadora de la Primera Iberdrola cobraría al menos 900 euros limpios al mes por ejercer su trabajo. Cantidad que hoy los sindicatos estiman muy insuficiente.

Ultraactividad

El convenio tuvo carácter retroactivo, por lo que fue de aplicación para toda la temporada 2019-20, aunque se firmara mediada la misma. Su vigencia era de un año, por lo que quedó pronto caducado, el 30 de junio de 2020. Durante la temporada siguiente, la 20-21, estuvo en situación de prórroga y en la actual lo de está de ultraactividad, tras ser denunciado por AFE el 28 de enero de 2021.

Y el primer paso para abrir el proceso, las elecciones sindicales en los vestuarios de Primera División, tuvo lugar el pasado mes de diciembre. En esas elecciones, Futpro fue la central más respaldada por las deportistas, seguida de AFE. Ya en enero de este año se constituyó el banco social: Futpro tendrá seis representantes en la mesa de negociación, AFE contará con cuatro y Futbolistas On, UGT y CCOO con uno cada uno.

El problema es que ese proceso nació paralizado en la práctica, debido a otro que se llevaba a cabo de manera paralela: la constitución de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF). La falta de acuerdo de los clubes sobre los estatutos que debían regirla y la exigencia del CSD de que el texto fuera aprobado de manera unánime por todos ellos provocó meses de retraso hasta que el pasado mes de marzo los nuevos estatutos vieron definitivamente la luz.

A partir de ahí, se abrió un proceso de constitución de la nueva sociedad, de convocatoria de elecciones y finalmente de designación de Beatriz Álvarez como nueva presidenta, trámite que se cumplió el 23 de mayo, más de dos meses después de la aprobación de los estatutos.

Sin calendario

Durante este mes, la LPFF ha ido generando su estructura, hasta ahora inexistente, un proceso en el que todavía sigue trabajando. El convenio es otra tarea pendiente, pero antes tienen que solventar otras, como acordar con la RFEF el convenio de coordinación que regirá la competición (y fijará el nuevo calendario, ya que aún no hay fecha oficial para la primera jornada). En paralelo, la LPFF trabaja en cerrar los que serán patrocinadores principales de la competición, incluido el que le dará nombre, como ocurre con LaLiga Santander o la Liga Endesa.

El punto clave, sin embargo, será la venta de los derechos televisivos. En aplicación del Real Decreto Ley 5/2015, la comercialización se realizará de manera conjunta y con un concurso, tal y como viene ocurriendo con LaLiga. La capacidad de la LPFF de maximizar sus ingresos televisivos repercutirá directamente en el músculo económico de los clubes, que ahora mismo no saben de qué presupuesto pueden disponer para la temporada 2022-23.

El éxito o el fracaso del 'tender' será también determinante cuando, por fin, se aborde la negociación del nuevo convenio colectivo. Nadie se atreve a fijar una fecha, pero los sindicatos confían en que arranque las conversaciones formales durante el verano. "Y una vez que empecemos a negociar, todo dependerá de la actitud de la LPFF. No pedimos locuras, solo un convenio acorde a lo que exige una liga profesional. Si la patronal entiende eso, todo debería ir rápido", explica Amanda Gutiérrez, presidenta de FutPro.

CUESTIÓN DE VOLUNTAD

"Los problemas tendrán que ver seguramente con el tema del salario mínimo y con algunos aspectos como los derechos de formación. En otros muchos elementos, las posiciones no deberían ser muy distantes. Si hay voluntad, no debería haber demasiado retraso", coincide María José López, codirectora de la asesoría jurídica de AFE, sindicato que ya ha hecho llegar a la patronal una propuesta concreta, según explican.

Los cinco sindicatos presentes en la negociación sí que han mantenido varias reuniones entre ellos, encuentros "muy fructíferos, en clave positiva y con buena sintonía, muy fluidos", en palabras de la presidenta de FutPro. Preguntados por las principales demandas, al margen de la actualización del salario mínimo (16.000 euros brutos anuales), los dos sindicatos mayoritarios coinciden en sus postulados: eliminación de la parcialidad (situada ahora en un 75%), derechos de imagen, eliminación de la lista de compensación, temas relativos a la maternidad y a la salud mental, un nuevo protocolo de abuso sexual...

"Son cuestiones que hay que poner sobre la mesa lo antes posible para que la patronal las vaya interiorizando", remarca López. "No nos hemos fijado plazos todavía para iniciar la negociación, pero intentaremos que comiencen a la mayor brevedad", añade Gutiérrez, sobre un proceso que las circunstancias han ido dilatando mucho más de lo esperado.