Fútbol
La Fiscalía de Valencia ve delito y pide al juzgado que investigue al racista del sector 5 de Mestalla
La fiscal ve indicios de odio tras las pesquisas por la denuncia presentada en octubre pasado con audios y testimonios de otros abonados
La causa abre un precedente: la denuncia de un aficionado contra otro, apoyada por testigos de la grada, logra recorrido judicial

Una grada de Mestalla durante un partido. / J.M. López / JM LOPEZ
La Fiscalía Provincial de Valencia aprecia indicios de un presunto delito de odio y ha remitido al juzgado la denuncia por insultos racistas reiterados proferidos en Mestalla por un abonado del Valencia CF para la incoación del correspondiente procedimiento, según recoge el decreto notificado al denunciante.
La denuncia fue presentada el pasado 29 de octubre y dio lugar a la apertura de diligencias de investigación penal por parte del Ministerio Fiscal. Durante esa fase se practicaron actuaciones que incluyeron la declaración del denunciante y de varios abonados del mismo sector, que corroboraron haber escuchado los insultos racistas denunciados. Concluida esa investigación, la Fiscalía ha acordado elevar el asunto a sede judicial al apreciar indicios suficientes para su judicialización.
De forma paralela, el 18 de noviembre, el Valencia CF acordó la expulsión cautelar del abonado denunciado, al que le abrió expediente a falta de la evolución del caso en Fiscalía y, en caso de prosperar, en un juzgado.
Según la denuncia, los hechos no respondían a un episodio aislado, sino a una conducta reiterada en el sector 5 de Mestalla. En ese periodo se habrían producido expresiones racistas repetidas —entre ellas insultos como “negro de mierda”, "negro de patera" o "mono, vete al Bioparc"—, además de comentarios xenófobos y despectivos dirigidos a personas migrantes, en un contexto descrito como de hostigamiento continuado y deterioro de la convivencia en esa zona de la grada.
La Liga y el Valencia CF
La denuncia incorporaba además audios en los que se recogían algunos de esos insultos, parte de los cuales fueron publicados por Levante-EMV. Durante la investigación, varios testigos ratificaron ante la Policía haber escuchado esas expresiones, extremo que la Fiscalía ha tenido en cuenta al apreciar indicios suficientes para remitir el caso a los juzgados.
La Liga, que había sido advertida por parte del denunciado, al igual que el Valencia CF, pidió personarse en la causa.
El encaje jurídico apuntado por la Fiscalía remite a un marco similar al aplicado en la condena a los tres aficionados responsables de los insultos racistas contra Vinícius Júnior en Mestalla, condenados a ocho meses de prisión y a dos años de prohibición de acceso a estadios de fútbol, en la que fue considerada la primera condena de este tipo en el fútbol profesional español.
En mayor de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid dictó una sentencia pionera que condenó a los autores de insultos racistas al mismo futbolista a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, multa económica y prohibición de realizar actividades educativas. En septiembre, se sentenció a un año de cárcel y dos años sin entrar a estadios por los insultos racistas proferidos por un aficionado del Espanyol contra el jugador del Athletic Club Iñaki Williams en un partido en 2020.
Responsabilidad cívica
El caso, por tanto, se produce además en un contexto de creciente respuesta penal frente al racismo en los estadios, con varios precedentes recientes. Pero la singularidad de este procedimiento radica en que, a diferencia de esos casos, no nace de la denuncia de un jugador, un club o una competición, sino de la iniciativa de un aficionado contra otro aficionado, respaldada además por testimonios de otros abonados de la misma grada. Un elemento poco común —si no inédito entre los casos conocidos públicamente— que sitúa el foco también en la responsabilidad cívica dentro de las propias gradas.
Con el traslado al juzgado, el caso entra ahora en fase judicial, donde corresponderá al órgano instructor determinar la evolución del procedimiento y las eventuales medidas que puedan derivarse del mismo.
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