Al histórico general republicano de la revolución francesa Napoleón Bonaparte se le atribuye la frase: «Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión». Esta segunda opción es la decisión que acaba de tomar el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para mitigar posibles nuevas movilizaciones durante este otoño y, por tanto, efectos catastróficos en los puertos españoles tras la incipiente reforma en el monopolizado sector de la estiba, cuya reestructuración arrancó durante la pasada legislatura de Rajoy. Entonces se aprobó un decreto-ley para evitar las millonarias multas económicas impuestas por la Unión Europea y atender así la liberalización que demanda Bruselas.
El ministro valenciano que tutela los muelles de mercancías, donde se mueve el negocio de las navieras y una larga cadena de empresas de transporte y logística, impulsa una «comisión interministerial» -al frente se sitúa el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura- para intentar solucionar el conflicto que se avecina. El Gobierno, el pasado mes de abril, amplió en seis meses el plazo para que la estiba pueda seguir negociando el nuevo convenio marco tal como pedían los sindicatos y la patronal, por la demora en la aprobación del real decreto que desarrolle la nueva ley de reforma del sector, para lo que es necesario contar con el reglamento de reforma de la estiba y que trata cuestiones como el sistema de ayudas para bajas incentivadas de trabajadores o nuevos certificados de profesionalidad para el acceso a esta profesión tan bien remunerada.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría dar al Gobierno central otra sorpresa al declarar ilegal la subrogación de todos la plantilla actual de estibadores acordada para lograr la paz en 2017 y evitar las huelgas. Entonces, representantes de grandes navieras y del personal -controlado por el sindicato Coordinadora de Trabajadores del Mar- sellaron acuerdos que obligaron a las empresas a contratar a todos los estibadores de las antiguas sociedades de estiba (denominadas Sagep) y que están llamadas a reconvertirse en Centros Portuarios de Empleo; una especie de empresas de trabajo temporal.
Aquel pacto hizo saltar por los aires la unidad de la patronal de firmas estibadoras Anesco. Una parte de las empresas, entre estas Noatum, ahora en manos de la corporación china Cosco y que tiene el control del recinto del Grao, así como Algeposa, Erhardt, Ership, Grupo Nogar, Pérez Torres Marítima, o Servimad) declinaron sellar aquella cesión de personal y dejaron la patronal para crear otra: Asoport. Sea como fuere, Anesco sigue teniendo la mayoría de la representación del sector al estar compuesta por APM Terminals, de Maersk, TTI Algeciras o Tercat, que operan en los puertos con mayor tráfico de contenedores: València, Algeciras y Barcelona.
Tras un año y medio de reforma de la estiba las empresas siguen sin poder firmar el convenio colectivo. O no se atreven porque temen sanciones multimillonarias de Competencia. El Gobierno vuelve a tener otra patata caliente: los sindicatos amenazan con nuevas movilizaciones.
