El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobó ayer un ambicioso plan de empresa para los próximos años que incluye unas inversiones globales de 1.463 millones de euros que incluyen como principales actuaciones la macroampliación del recinto del Grao, la construcción de la tercera dársena del emplazamiento del Camp de Morvedre, así como la puesta en marcha del corredor terreste Sagunt-València. La entidad presidida por Aurelio Martínez incluirá en sus cuentas de explotación una partida de 466 millones de euros para la cuarta terminal de contenedores y 400 millones para el nuevo acceso norte para camiones y trenes, con financiación de un 50 % por parte del Ministerio de Fomento.
Estas dos infraestructuras acaparan más de la mitad del presupuesto a largo plazo y son por tanto las que más preocupan a la APV. Valenciaport, según contempla su plan de empresa a la vista de la evolución de los tráficos de mercancías, espera que en el año 2022 alcance los 6,5 millones de contenedores (este ejercicio concluirá con 5,4 millones), lo que supondrá alcanzar un 85% de su capacidad. «Por eso necesitamos la ampliación, para evitar posible congestión en las actividades de carga y descarga de mercancías y el desvío de buques hacia otros recintos portuarios», explicó Martínez al término del consejo de administración.
Otra de las grandes partidas de inversión de Valenciaport (80,8 millones de euros) se destinará a las obras de accesibilidad ferroviaria, que incluye la remodelación de los accesos del tren a sus principales terminales, así como al antiguo astillero de Unión Naval, que se transformará en terminal pasajeros de líneas regulares y cruceros. A este capítulo hay que añadir 91,6 millones que compromete para mejoras de la línea Sagunt-Teruel-Zaragoza (corredor cantábrico-mediterráneo) y el desarrollo de la terminal de Fuente de San Luis.
En vísperas de concluir el ejercicio de 2018 Martínez asegura que la APV logrará una cifra de negocio de 142,9 millones de euros, un 2,5% más que el ejercicio precedente, con un beneficio neto de 30,9 millones, una cifra similar a 2017.
Pese a la presión de grandes navieras y operadores portuarios la APV asegura que «mantendrá la misma estructura de tasas y coeficientes». Descarta así una mayor bonificación de estas tarifas que cobra a sus clientes para «poder generar recursos, rentabilidad y amortizar deuda».
Adjudicación de la terminal
El consejo de la APV aprobó los pliegos de bases y de condiciones del concurso para la construcción y la nueva terminal de contenedores con capacidad para 5 millones de contenedores. Costará unos 1.200 millones de euros, por lo que espera que los operadores privados aporten unos 700 millones. En caso de resultar ganador alguna empresa o grupo ya instalado en el recinto del Grao (MSC, Maersk o Cosco), para poder extinguir de mutuo acuerdo la terminal actual deberán optar por desarrollar en la nueva instalación un 50 % más de actividad. Martínez espera adjudicar este concurso público en el consejo de julio de 2019.
Al concesionario se le exige como mínimo desarrollar una terminal semiautomatizada, con una plazo de concesión de 35 años si la ocupación es parcial y 50, si la ocupación del muelle es completa.
