El Gobierno dio ayer luz verde el Real Decreto-Ley por el que se desarrolla la reforma de la estiba aprobada hace casi dos años por el Ejecutivo del PP para romper el monopolio que presentaba este sector y garantizar que cumpliera con la normativa europea. Esta norma incluye, una línea de ayudas públicas de unos 120 millones de euros para sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias que se registren en la plantilla de unos 6.150 estibadores (unos 1.600 son del Puerto de València) que actualmente tienen los puertos como consecuencia de la reestructuración del sector. Facilitarán la salida del sector de los estibadores de más edad, a los que les quede como máximo les queden sesenta meses (cinco años) para llegar a la edad ordinaria de jubilación. También se modifican las empresas de trabajo temporal para que puedan dar servicio en los centros portuarios de empleo (CEP). El nuevo decreto abre el sector a las ETT pero con condiciones, ofrece seguridad jurídica, contratos de aprendizaje y garantiza que no se precarice el empleo. Podrán acceder a un contrato laboral para hacer prácticas. La patronal de empresas estibadoras Anesco y los sindicatos Coordinadora y UGT valoraron ayer positivamente el decreto, que acelerará la firma de convenios colectivos.
