Supongamos que usted (como otros tantos españoles) quiere optar a una plaza de funcionario público. La administración, después de revisar escrupulosamente todos los detalles, entre ellos los de nivel jurídico, convocan una oposición pública a la que usted se presenta después de mucho esfuerzo, estudio y preparación. Entre los candidatos presentados, usted saca la mejor de las notas y como resultado le adjudican dicha plaza con todo merecimiento. Evidentemente usted se alegra mucho y se prepara para su nuevo puesto de trabajo que tanto esfuerzo le ha costado ganar. ¿Cómo se queda usted si después de todo esto la administración le comunica que una vez adjudicada, retiran dicha plaza porque unos señores políticos ahora la están cuestionando a pesar de haber cumplido con todos los trámites y legalidades aplicables?
¿En qué país viviríamos si eso fuera posible? Desde luego, no sería en un régimen democrático que debe garantizar una seguridad jurídica en todo momento y por encima de colores políticos.
Pues eso precisamente es lo que ahora mismo está sucediendo con la terminal norte del Puerto de València.
Por un lado, la ampliación norte se desarrolló en 2010 cumpliendo con toda la normativa aplicable en su momento incluyendo la medioambiental a través de una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) que sigue vigente. Además, a finales de 2018 el ministerio de fomento a través de la Autoridad Portuaria de València (APV), licita un concurso público para la construcción y explotación de una terminal de contenedores en esa ampliación.
En septiembre de 2019 la APV adjudica el concurso público a la empresa que mejor puntuación obtuvo como si de una oposición se tratase. Y todo lo anterior pasando todos los exhaustivos controles legales que exige la administración a través de sus gabinetes jurídicos, tribunales de cuentas, etc. ¿Con qué excusa se podría ahora negar la adjudicación? Desde luego, no tendría un argumento legal.
No debemos consentir que se establezca en este país un clima de inseguridad jurídica y del «todo vale» que acaba generando en las personas menos estables una sensación de anarquía consentida. Sin ir más lejos, esta misma semana, una persona muy orgullosa de exhibir su fanatismo político a los cuatro vientos (dícese Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) irrumpió por la fuerza en una empresa al grito de «¡Quedan ustedes destituidos! ¡Desde hoy, mando yo!». Esta persona podría ser presidente... hasta del gobierno o de su comunidad de vecinos, pero ni así puede actuar al margen de la ley. Y mucho menos, se le debe consentir.
¿Qué se está haciendo mal para generar estas confusiones en la ciudadanía? Comiencen las administraciones y los políticos a dar ejemplo, por favor. ¡Seguridad jurídica ya!
