El vicepresidente del Consell y conseller de Economía perpetró ayer una de las mayores irresponsabilidades que cualquier dirigente político puede cometer respecto a una entidad financiera, al afirmar que la Caja Mediterráneo entrará en pérdidas el próximo año. Un mensaje que mal entendido puede provocar el pánico entre los clientes si no tienen claro que sus ahorros están a salvo en cualquier caso, gracias a los numerosos sistemas de control impuestos desde el supervisor. Sin embargo, en la mente de todos está el caso de Caja Castilla la Mancha, donde las dudas arrojadas por el PP sobre su gestión llevaron a una fuga de depósitos que agravaron su situación y provocaron finalmente la intervención del Banco de España. La situación de la CAM no parece ni de lejos la de CCM y, por ello, es todavía más inconcebible el pronunciamiento de Gerardo Camps.
Que supone, además, la culminación de la serie de disparates que el Ejecutivo presidido por Francisco Camps ha venido cometiendo en torno a las posibilidades sobre eventuales fusiones de las cajas de ahorros valencianas, sin ser capaz de hilar una política coherente. Su actuación en este terreno parece marcada por la improvisación permanente: la última, la articulación de una SIP entre CAM, Bancaja y Caixa Ontinyent en la que participaría Sa Nostra. Hasta que ayer mismo, la entidad balear le dio con la puerta en las narices, como semanas antes lo hizo Caja Murcia. O con el despropósito de defender la autonomía de decisión de las cajas frente a las presiones externas ni más ni menos que del propio Banco de España. ¿Y qué pasa entonces con las injerencias del Consell mismo, vetando una fusión de CAM con Caja Madrid o anunciando, con tres años de antelación, el ascenso de Crespo, o forzando nuevos créditos a una ruinosa Terra Mítica? ¿Eso no son presiones externas?
