El juez inicia el embargo a la inmobiliaria de Alcampo para salvar el convenio de Llanera
Fernando Presencia condenó a Inmochan a pagar 26,2 millones al grupo de los hermanos Gallego por un acuerdo comercial para Nou Mil·leni
víctor romero valencia
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El juzgado de lo mercantil número dos de Valencia tiene previsto iniciar en breve el embargo de los bienes de la inmobiliaria Inmochan España (ligada a cadena de centros comerciales Alcampo) con intención de ejecutar las sentencias y autos que obligan a la firma con sede en Madrid a abonar 20,2 millones de euros y otros seis en concepto de intereses de demora al Grupo Llanera. La ejecución de bienes se sustenta en auto del juez Fernando Presencia del pasado mes de octubre por el que declara embargados saldos, cuentas, depósitos, activos financieros y fincas urbanas en Alboraia, la Laguna, Colmenar Viejo y Sevilla.
La inmobiliaria de Alcampo firmó en diciembre de 2006 un acuerdo con Llanera para desarrollar una gran superficie comercial en Catarroja dentro del proyecto Nou Mil·leni. Tras entrar en concurso Llanera, Inmochan reclamó la resolución del contrato. En aras al interés de la masa de activos, Presencia rechazó la anulación del contrato y condenó a Inmochan a pagar 20,2 millones de euros a Llanera. Esta decisión llevó a la filial de Alcampo a denunciar a Presencia por prevaricación, pero la demanda no fue admitida por los tribunales.
La inmobiliaria decidió además recurrir ante la Audiencia Nacional la sentencia que le obliga a pagar y alega que ese desembolso puede poner en riesgo la propia viabilidad de la sociedad encargada de promover los centros comerciales de la multinacional Alcampo en España.
Sin embargo, fuentes jurídicas sostienen que la aportación de los 26,2 millones de euros a los activos de Llanera es clave para llevar a buen término el convenio aprobado por la junta de acreedores el pasado 27 de septiembre. Las mismas fuentes confían en que los activos de Inmochan sean suficientes para cubrir la deuda con Llanera. Algo que debería ser así, toda vez que Inmochan declaró en 2007 un inmovilizado material de más de 200 millones de euros.
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