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La reforma laboral se pondrá en marcha antes de que acabe junio haya o no acuerdo con los agentes sociales, según el Gobierno, que todavía cree que existe margen para el pacto a pesar de las "diferencias" existentes entre las partes. El Gobierno y los agentes sociales volvieron a celebrar ayer una nueva reunión para impulsar la negociación para reformar el mercado de trabajo.
En ella han participado, al igual que el sábado, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. El resultado ha sido el mismo que el del sábado: no ha habido acuerdo y nuevamente se han constatado las diferencias. Sin embargo, en un comunicado conjunto de tres párrafos las partes afirman que "todavía hay margen para el acuerdo", por lo que han decidido "continuar reuniéndose en los próximos días". El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, afirmó ayer que "está bastante difícil acercar las posturas" entre patronal y sindicatos.
En la nota no se concreta hasta cuándo seguirán las conversaciones a pesar de que ayer termina el plazo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había fijado en un principio para que terminasen las negociaciones y se llegara a un acuerdo. Por si acaso, fuentes gubernamentales explicaron el pasado viernes que el plazo se alargaría unos días, ya que la idea que barajan es que el Consejo de Ministros del próximo 11 de junio estudie la reforma laboral, bien sea consensuada con los agentes sociales o bien a propuesta del Ejecutivo. Al respecto, fuentes de la negociación informaron de que las reuniones seguirán durante esta semana y "algún día más de la próxima".
A falta de que se conozca cuál es la fecha tope, lo que dejó bien claro ayer la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, es que en junio ya estarán en marcha los cambios en el mercado laboral. Según Salgado, ha llegado el momento de contribuir a tener un empleo más estable y productivo en el futuro.
Al respecto, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, reiteró que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para el acuerdo, pero, si no, actuará "en solitario". Lo que propone el Gobierno -su último documento de medidas es del 12 de abril pasado- es generalizar el uso del contrato de fomento del empleo estable -cuya indemnización es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario-, poner en marcha un plan de choque para frenar el desempleo juvenil y concentrar las bonificaciones a la contratación en los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración.
También aboga por la implantación del modelo austríaco de desempleo -los trabajadores cuentan con un fondo que pueden capitalizar si son despedidos o bien llevárselo a su nuevo empleo y emplearlo cuando se jubilen- y por el modelo alemán que utiliza la reducción de jornada como alternativa a los despidos.
Mientras que sobre la segunda de las propuestas los empresarios y los sindicatos tienen posiciones cercanas, sobre la primera no; además tampoco se ponen de acuerdo sobre las causas y las indemnizaciones por despido. Los empresarios quieren que se abarate la salida del mercado de trabajo y los sindicatos lo consideran inaceptable. CCOO y UGT han advertido de que convocarán una huelga general al Gobierno si legisla unilateralmente y aprueba una reforma "lesiva" contra los derechos de los trabajadores.
