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El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferran, adoptó ayer una postura más transigente respecto a la reforma laboral y afirmó que la patronal, a la que representa, estaría dispuesta a realizar "un sacrificio" y esperar a 2012 para acometer la rebaja de las cotizaciones sociales, aunque recalcó la apuesta de rebajar los salarios, incluso por encima del 5%, en algunos sectores privados. A pesar de este cambio de actitud, continúa considerando que la huelga de funcionarios es "inoportuna, innecesaria y fuera de lugar". Para él, el mero hecho de que Gobierno, patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo "es difícil" porque "la postura de los sindicatos está muy alejada de la de la CEOE" y porque el Gobierno no deja ver sus cartas.

"La postura del Gobierno la desconozco", subrayó el patrón de los patronos, quien añadió que las partes están "pendientes" de que el Ejecutivo entregue un documento con sus nuevas propuestas. Asimismo, Díaz Ferran reconoció que los principales escollos de la negociación son la clarificación de las causas del despido, que los empresarios quieren concretar para dar un uso efectivo del despido por causas objetivas con indemnización de 20 días, y cuestiones relacionadas con el contrato a tiempo parcial, de obra y servicio o con el absentismo. "Se puede decir que no hay acuerdo en ningún capítulo", apostilló.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dijo este lunes que "más que un abaratamiento del despido", la reforma laboral incluirá disposiciones para que "los contratos fijos", en referencia a los contratos de fomento del empleo estable, de 33 días de indemnización por despido, "puedan ser más atractivos".

Diálogo social

El Gobierno tiene previsto abrir una ronda de conversaciones con todos los grupos parlamentarios para buscar apoyos a su propuesta de reforma laboral si este miércoles los agentes sociales no consiguen llegar a un acuerdo. La ronda no empezaría antes del miércoles, fecha límite que tienen la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT para pactar la reforma del mercado de trabajo y evitar que el Ejecutivo la apruebe por decreto ley.