No hay duda de que tras las operaciones de CAM y Bancaja que finalmente han diezmado, por decirlo suavemente, el sistema financiero valenciano ha habido condicionantes coyunturales determinantes. Ya se ha dicho por activa y por pasiva. La crisis financiera, con una segunda fase, la actual, derivada del cierre de los mercados de capitales para la banca española, muy agresiva. La voluntad política del Banco de España, el PP y el Gobierno de reestructurar el sistema usando a las entidades valencianas, la tercera y la cuarta, hasta ahora, como instrumentos para visualizar la concentración bancaria. La incompetencia de la Generalitat de Francisco Camps, ensimismada en el caso Gürtel.
Todo eso es cierto, pero no se puede olvidar un elemento sustancial. Cuando el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha hecho sentir su presión sobre las propias entidades y sobre la Generalitat para doblegar las voluntades de ambas partes-se ha hablado de veladas amenazas de intervención, de inspecciones, el anunciado aumento de las provisiones por morosidad- tenía argumentos económicos muy sólidos.
Debilidades
Es cierto también que la debilidad actual de las entidades financieras es común a la mayoría de ellas. Todas están afectadas por el entorno. Pero hay unas cuentas que presentan unos números, sobre todo en cuanto a solvencia, que las hace diferentes. No de otro modo se explica que Cajastur, la mitad que la CAM en activos totales, haya logrado el liderazgo en el SIP consumado con Caja Extremadura y Caja Cantabria. Cuando las entidades están en una situación similar -y no muy buena- se impone el tamaño, aunque con alguna concesión para torcer resistencias, como en el caso de Caja Madrid y Bancaja.
Las dos grandes entidades de la Comunitat Valenciana han pagado de esta forma la política que en los últimos años las propulsó a los puestos de liderazgo en el sistema financiero al auparse en el sector inmobiliario para su expansión. Cuando en 2004 José Luis Olivas llegó a la presidencia de Bancaja puso en marcha el llamado Plan España, con el que intentó -y logró- engrandecer la entidad a base de acompañar a los promotores inmobiliarios en todo tipo de aventuras y de conceder créditos con gran liberalidad en las zonas en las que se instalaba. Fuentes de este sector recuerdan que en zonas de Cataluña, por ejemplo, algunas agencias inmobiliarias recurrían a Bancaja -o la CAM- para lograr créditos que entidades de la zona no concedían al sospechar de la solvencia del cliente.
Expansión
No era una práctica exclusiva de las cajas valencianas. En el sector financiero se recordaba ayer que de esa misma forma actuó en la Comunitat Caja Castilla-La Mancha, que fue intervenida por el Banco de España en 2009. Estas fuentes aseguran que Bancaja tuvo éxito en su expansión por el resto de España financiando a los promotores, pero cuando éstos dejaron de hacer negocio se encontró con decenas de oficinas que no tenían rentabilidad. A este respecto hay que recordar que Bancaja ha sido en los años del boom inmobiliario una gran promotora y que su cartera está bien nutrida de activos procedentes de morosidad. "Si no se hubiera arriesgado tanto en el negocio inmobiliario, ahora estaría como las vascas o la asturiana", apuntaba ayer una fuente consultada, que minimizó la influencia en el balance de las inversiones inducidas por la Generalitat como Terra Mítica.
Claro que el Banco de España no queda inmune a esta crítica, principalmente porque cada dos años, como hace con todas las entidades financieras, lleva a cabo inspecciones a fondo de bancos, cajas y cooperativas y no consta que advirtiera del riesgo en que incurrían algunas entidades que crecían sin tasa gracias al ladrillo. Como la institución goza de fama de gran supervisor, no falta quien apunte maliciosamente que tal vez "dieron carrete a algunos" porque intuían la crisis y la consiguiente reestructuración.
