13 de junio de 2010
13.06.2010
Reforma laboral

Un fondo financiará el despido de los trabajadores en 2012

El proyecto de reforma laboral permite a las empresas en pérdidas incumplir los convenios colectivos

11.06.2010 | 12:37

El Gobierno confía en conseguir los apoyos políticos suficientes para sacar adelante su reforma laboral, incluido el del principal partido de la oposición, el PP, que ha admitido su «buena disposición». De la reforma, entregada ayer a los agentes sociales, ya se conocen los detalles, incluida la versión española del conocido como modelo austríaco: un fondo de capitalización para toda la vida laboral de los trabajadores que serviría para abonar una parte de los despidos.

El fondo, que estaría operativo para todos los contratos indefinidos a partir de 2012, se nutriría con una aportación empresarial por determinar, y se podría entregar al trabajador en casos de despido, movilidad geográfica y formación, aunque si no lo utiliza lo cobraría al final, en el momento de la jubilación. El borrador, además, hace más fácil los descuelgues de las condiciones salariales previstas en los convenios colectivos sectoriales, al permitir que las empresas dejen de aplicarlas cuando peligre el empleo.

Además abre la puerta a negociar con los partidos la posibilidad de que una empresa que demuestre seis meses consecutivos de pérdidas pueda despedir con veinte días de indemnización a sus trabajadores, como confirmaron fuentes del Ejecutivo, aunque este periodo específico no figura en el texto del último documento de Trabajo.

El Gobierno admitió ayer su optimismo ante la posibilidad de que el PP, CiU y el PNV acaben apoyando la reforma laboral, que se aprueba el 16 de junio en Consejo de Ministros y cuya convalidación debatirá el Congreso el día 22. El lunes se reanudarán los contactos con los partidos para intentar recabar apoyos.

La reforma que quiere el Ejecutivo confirma por lo demás otros aspectos ya conocidos, algunos de los cuales supusieron la ruptura de las negociaciones con patronal y sindicatos.

Así, el borrador detalla la generalización del contrato de fomento del empleo —que tiene una indemnización de 33 días en lugar de los 45 de los empleos indefinidos— y admite que el Gobierno pagaría, a través del Fondo de Garantía Salarial, ocho días de las indemnizaciones de cualquier despido dentro de estos contratos y para cualquier tipo de empresas.

El borrador incluye, eso sí, una nueva condición para que el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) pague: que el empleado despedido haya trabajado bajo este contrato más de un año.

También se especifica otra medida ya conocida con la que se pretende desincentivar la contratación temporal, la de aumentar las indemnizaciones por despido de estos contratos, actualmente en ocho días por año trabajado.

De esta forma, se aplicaría un aumento progresivo para esta indemnización.

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