El Gobierno está obligado a abrir una línea de crédito ICO dirigida a los ayuntamientos para que éstos puedan pagar las deudas que tienen con empresas y autónomos. Así consta en una de las enmiendas de la Ley de Morosidad que se introdujo en el Senado y que ayer se aprobó en el último trámite de esta norma en el Congreso con el único voto en contra del Partido Socialista, que no quiso apoyar esta iniciativa aunque sí votó a favor como hicieron por unanimidad todos los partidos de la ley en su conjunto.
La enmienda, impulsada por CiU y el PP, señala que el Ejecutivo debe poner en marcha la línea ICO en el plazo de un mes -desde la entrada en vigor de la ley-para facilitar el pago de las deudas firmes e impagadas que las entidades locales tengan con empresas y autónomos con anterioridad al pasado 30 de abril.
Pagar en 30 días en 2013
La nueva ley, que ayer fue definitivamente aprobada, establece un período transitorio para que las administraciones públicas reduzcan el plazo de pago a las empresas: a 55 días desde su entrada en vigor; a 50 días desde el 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012 y a 30 días en 2013. El sector privado, por su parte, deberá pagar en 85 días desde la entrada en vigor de la reforma; en 75 días a partir de enero de 2012 y en 60 días a partir de enero de 2013.
