?

El paso dado el viernes por el consejo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), abriendo la vía a la privatización de las cajas, no ha gustado ni a sindicatos ni a Esquerra Unida. Cabe recordar que la patronal ha aprobado una propuesta -será enviada en breve al Banco de España y al Ministerio de Economía- que contempla la entrada de capital privado a través de cuotas participativas, que tendrán derechos políticos y podrán superar el 50% del capital de la entidad en momentos de crisis. Las cuotas participativas son la fórmula con la que las cajas, que no pueden realizar ampliaciones de capital, pretenden obtener liquidez.

En la práctica, esto significa que un banco, por ejemplo, podría entrar y hacerse con el control de los órganos de dirección de una caja. Además, ese capital privatizado será retribuido al 100% en función del beneficio; mientras que la obra social recibirá su porcentaje sobre el resto de las ganancias y no sobre el total, como ahora, con lo que se verá perjudicada.

El paso dado no ha gustado a los sindicatos. Xavier Tarazona, responsable de UGT del ramo, señaló: "Desde el primer momento hemos visto que todo el proceso de reestructuración tiene este objetivo final de la privatización". El sindicato sostiene que las cuotas participativas con derechos políticos "son el certificado de defunción de las cajas". Según Tarazona, este tipo de cuotas con derechos políticos, "y encima remuneradas, son acciones puras y duras". "Seremos como un banco más. Tal como las hemos conocido, las cajas van a desaparecer", opinó.

Por su parte, Juan Pérez, el secretario general de SATE Valencia, el sindicato mayoritario en Bancaixa, también se manifestó "en contra de las cuotas participativas" y opinó que hay "otras formas de capitalización de las cajas". "Si las entidades se han agrupado para ser más fuertes y con el aval del Gobierno se puede ir a los mercados", dijo Pérez. "Estamos a favor de que las cajas mantengan su naturaleza", concluyó.

Por otro lado, el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró pronosticó que las fusiones de la CAM y Bancaja "irán seguidas de un proceso privatizador", por lo que reclamó que se mantenga "de manera firme" su carácter público, ya que es necesario para la estabilidad del sistema financiero. Según indicó EU, "es lamentable y sumamente perjudicial que hayamos perdido las cajas valencianas, las cuales han acabado fusionándose fuera de nuestro territorio, y con toda probabilidad el siguiente paso será su privatización".

A su juicio, estas entidades "han de estar sometidas a un control público y democrático adecuado, poniendo el sistema financiero al servicio de los ciudadanos y las empresas", porque es "la única forma de garantizar" que el crédito llegue a las empresas y a los ciudadanos.

Torró advirtió de que la privatización "tendrá consecuencias muy negativas, no sólo en la pérdida de un sistema financiero público, sino también en la desaparición de muchos lugares de trabajos".