El G20 acordó al final de su reunión de ayer en Toronto una consolidación fiscal "diferenciada y ajustada a las circunstancias nacionales" de los países según una copia del borrador del comunicado final disponible al cierre de esta edición. El borrador refleja el compromiso de los "países desarrollados" del G20 de reducir el déficit "al menos a la mitad" para el año 2013 y de "estabilizar o reducir" la deuda gubernamental como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2016.
El tema de la austeridad fiscal ha provocado tensiones en el seno del G20 que hasta ahora había dado muestras de una gran cohesión y que actuó al unísono a la hora de implementar medidas de estímulo económico para salir de la crisis. EE UU y los países emergentes abogaron por mantener ciertas medidas para reactivar la economía y advirtieron de que la repentina retirada de los paquetes de estímulo que se aprobaron durante la crisis podría frustrar la todavía frágil recuperación.
Europa, por su parte, consideró que el tiempo de los estímulos había pasado y había llegado ya el momento de la austeridad fiscal. El borrador del comunicado reflejó, finalmente, esa tensión, al indicar que "el ritmo del ajuste (fiscal) debe calibrarse cuidadosamente para sostener la recuperación de la demanda privada".
Destacó, además, en que aquellos países con "serios desafíos fiscales" necesitan acelerar el ritmo de la consolidación. "Los socios del G20 se comprometen también en el texto del borrador a "reforzar las redes de protección social" y a una "mayor flexibilidad cambiaria en los países emergentes".
La responsabilidad bancaria
El G20 consideró, también, que el sector bancario debe pagar por el coste en el que incurren los Gobiernos cuando acuden a su rescate, si bien da libertad a los países para establecer una tasa bancaria con ese fin.
Así, reconoció que existen "distintos planteamientos" para hacer que la banca "contribuya de manera justa y sustancial" a su propio rescate, y afirmó que uno de ellos, aunque no el único, es el polémico impuesto bancario.
Esta tasa, que ya ha sido establecida por algunos países, se había convertido en uno de los puntos de mayor discrepancia del G20, por la dura oposición mostrada por los países emergentes y también por Canadá, anfitrión del encuentro.
En general, las naciones en desarrollo argumentaban que sus sistemas bancarios no habían sido el germen de la grave crisis internacional registrada en 2008 y 2009, y que por tanto no tendrían que pagar por un rescate que no ha ocurrido. El comunicado final salvó las diferencias dejando a cada país la posibilidad de abordar sus propias medidas, siempre y cuando queden "protegidos los contribuyentes", permita "reducir los riesgos del sistema financiero" y no provoque "restricciones en el crédito".
No obstante, dejó claro que el sector financiero "debe hacer una contribución justa y sustancial para pagar la carga asociada a las intervenciones de los gobiernos". "Estamos comprometidos a diseñar y poner en marcha un sistema que nos dé las herramientas para resolver todos los tipos de crisis financieras, sin que los contribuyentes tengan que soportar, en último extremo, toda la carga", sostuvo el documento.
