El presidente del Consejo Económico y social (CES), Marcos Peña, aseguró ayer que casi medio millón de trabajadores fueron despedidos en 2009 sin motivo alguno, al tiempo que consideró "limitado" el éxito de las políticas de empleo. En un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, Peñá achacó la destrucción de empleo, "el problema más importante de la economía", "al tejido empresarial frágil y atomizado" y a la necesidad de formación del empresariado español. El presidente del CES apostó por intensificar la cooperación interna entre los servicios públicos de empleo, así como por reforzar la externa con los agentes privados del mercado.
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, respondió a Peña que cuando los empresarios recurren en un 80% de los casos al despido improcedente, con un coste de 45 días por año, como ocurrió en 2009, "es fácil comprender que no han encontrado otra solución".
Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, apostó ayer por que el despido por causas económicas esté justificado cuando la viabilidad de la empresa se encuentre en peligro, más allá de que se encuentre en una situación económica negativa, como recoge el actual proyecto de ley de reforma laboral. En declaraciones a RNE, Corbacho cerró aún más el círculo que deja abierto el texto del Gobierno sobre las causas económicas del despido, a la espera de que los grupos políticos enriquezcan ésta y otras cuestiones con sus enmiendas de aquí hasta el cierre del plazo de presentación, el 14 de julio. El proyecto de Ley del Gobierno no concreta tanto como Corbacho, pero el ministro de Trabajo tampoco se mostró dispuesto a detallar una por una las causas económicas del despido, pues sería "imposible". Asimismo, Corbacho dijo que su voluntad y también "la sensibilidad" del Gobierno es intentar salvar, de cara a los presupuestos para 2011 la partida de los 420 euros mensuales para los parados que hayan perdido la prestación "por encima de cualquier otra".
