La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), más conocida como el «grupo de los cien» —aglutina a profesores de economía de universidades españolas y europeas, entre ellos a varios catedráticos de la Universitat de València— han elaborado un informe sobre la reforma de las pensiones en el que reclaman elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, ampliar el periodo de cálculo de la prestación a toda la vida laboral y ampliar de 35 a 40 el número de años necesarios para tener acceso a la pensión más alta.
El informe «Hacia un sistema público de pensiones sostenible, equitativo y transparente» presentado ayer —anteriormente firmaron un manifiesto por la implantación de un contrato laboral único antes de que se aprobara la reforma—, considera que los cambios en el sistema de pensiones en España son «inevitables» y «urgentes», porque la actual situación es «insostenible».
Según señalan, en estos momentos la ratio entre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) y la población mayor de 65 es de 4, pero en 2050, será sólo de 1,65%. Es decir, habrá, 115 trabajadores por cada 100 jubilados; es decir, se duplicaría la tasa de dependencia actual.
El sistema actual es insostenible
Por otra parte, el «grupo de los cien» considera que el actual sistema no es equitativo a la hora de determinar las prestaciones. Los economistas ponen un ejemplo: «Los trabajadores de bajo nivel educativo que entran a edades tempranas en el mercado de trabajo, que tienen historiales laborales largos y suelen sufrir problemas de empleo al final de su vida laboral, perciben pensiones que, en relación con sus cotizaciones, son muy inferiores a las que reciben los trabajadores de mayor nivel educativo, que entran más tarde en el mercado laboral, tienen historiales laborales más cortos y suelen percibir sus ingresos en los años inmediatamente anteriores a la jubilación».
Respecto a la urgencia, argumentan que si los cambios se pretenden introducir de forma gradual, sin afectar a los actuales jubilados, ha de hacerse ya. Además, indican, favorecería el proceso de consolidaciópn fiscal en el que está inmersa España.
Por ello, entienden que la solución no pasa por subir las cotizaciones sociales —habría que duplicarlas— o los impuestos generales. También descartan por inviable un incremento de los impuestos sobre las rentas de capital.
El «grupo de los cien» señala que las pequeñas modificaciones del sistema, como las que se plantean ahora en el Pacto de Toledo, «sólo difieren en problema en el tiempo, pero no lo solucionan», por lo que reclaman una «reforma ambiciosa» que proporcione equidad y sea «sostenible» de forma definitiva.
Las tres propuestas que plantean, según explican, deben ejecutarse de forma gradual, incluso la de elevar a 67 la edad legal de jubilación y de 61 a 63 años la mínima. Lo mismo que en los años necesarios para tener derecho a la pensión completa, desde los 35 años actuales, hasta los 40 propuestos, a razón de 2,5 puntos por año cotizado.
Los partidos eluden las propuestas espinosas
La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo concluyó ayer su segunda sesión para redactar sus propuestas para la reforma del sistema de pensiones sin cerrar ningún acuerdo y se volverá a reunir para proseguir sus trabajos la próxima semana, previsiblemente el miércoles. Los portavoces dedicaron la reunión, de marcado carácter técnico, a revisar junto al secretario general técnico del Ministerio de Trabajo, José Antonio Panizo, y el director general del Instituto de la Seguridad Social, Fidel Farreras, los trabajos realizados en la jornada del miércoles y avanzar en la revisión de las ocho primeras recomendaciones del acuerdo, cuya actualización anterior es de 2003. Los grupos están eludiendo los temas más conflictivos y que más les separan, como el aumento del período de cálculo de las pensiones, la ampliación de la vida laboral o la congelación de las pensiones para 2011, en aras de lograr avances en los trabajos, que continuarán en los próximas semanas sin perspectivas claras de cerrar un acuerdo. Sin embargo, el hecho de que se haya acordado dejar estas cuestiones «hasta el final» es considerado un síntoma positivo por la portavoz socialista, Isabel López, que muestra la firme voluntad de su partido de negociar las cuestiones en las posturas más cercanas. e. p. madrid
La Audiencia cuestiona el recorte salarial a funcionarios
La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia del tribunal facilitada por CC OO.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abrió así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.
De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CC OO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, CSIF y el Comité Intercentros de la FNMT.
La Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar «al contenido esencial» del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. La providencia del tribunal también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida «por posible afectación» del derecho de igualdad.
El Gobierno, por su parte, considera que el recorte de salarios a los empleados públicos se enmarca «plenamente» en la legalidad, dado que supone la revisión de uno de los puntos del acuerdo que firmó el Ejecutivo con los sindicatos de la Función Pública el pasado 25 de septiembre de 2009
