La reforma del Código en la que se penalizan los delitos de cohecho de las empresas mercantiles, las asociaciones o las fundaciones tiene un apartado destinado expresamente al deporte. La modificación penaliza cualquier "conducta que tenga por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales". En este caso, las penas aplicables a los directivos, administradores, empleados, deportistas, árbitros o jueces sería de pena de prisión de seis meses a cuatro años, en función de la gravedad del delito.

La norma viene a poner orden, especialmente, en el fútbol español, que ha estado, de forma intermitente, en el ojo del huracán por supuestos sobornos y compras de partidos, aunque ninguna de las presuntas irregularidades ha podido ser demostrada. El último caso, y más sonado de los últimos años, es del Hércules, al que se le acusó la pasada temporada de conseguir el ascenso a la Liga BBVA de forma ilícita. Finalmente, el asunto quedó archivado. Al máximo accionista del equipo, Enrique Ortiz, se le investigó por dirigir, supuestamente, cuatro intentos de compra de partidos para asegurar una plaza en primera. Los equipos a los que ofreció dinero son el Córdoba, el Girona, el Salamanca y el Recreativo de Huelva.

Los presuntos amaños estaban dentro del caso Brugal, investigación que comenzó en mayo de 2007 sobre una supuesta trama de corrupción en el negocio de la basura en el sur de Alicante. Las diligencias que afectan a la presunta compra de partidos fueron archivadas, al no ser los hechos considerados como constitutivos de delito. Al parecer, en las escuchas, Ortiz dio órdenes a otra persona sobre las condiciones de la compra de los partidos. Según las grabaciones, Ortiz ofreció una prima conjunta al Córdoba que fue rechazada. Entonces ofreció 100.000 euros al meta cordobés, Raúl Navas, que al parecer aceptó. El guardameta negó rotundamente los hechos. Otro de los señalados fue el delantero herculano Tote, al que se le implicó como presunto intermediario en la compra del choque contra el conjunto andaluz.

El Levante UD también estuvo señalado hace tres años, después de que trascendiera una conversación entre el entonces presidente, Julio Romero, y el capitán, Descarga, en la que ambos reconocían haberse "vendido" al Athletic de Bilbao, en el último partido de Liga (2-0), para que el conjunto vasco se asegurara la permanencia.