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Las Administraciones autonómicas están sufriendo lo suyo para encontrar financiación en los mercados. En el caso de la Generalitat, el cierre del mercado de capitales y la rebaja progresiva en la calificación que las agencias dan a la deuda pública valenciana, están disparando el coste de las emisiones que se canalizan a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). La última publicada, con fecha de inicio en el 30 de junio de este año por valor de 70 millones de euros y con vencimiento en 2032, se colocó al 5,90%, muy por encima de los tipos que está pagando el Tesoro español, también castigado por los desequilibrios en las cuentas del Estado.

Según refleja el boletín trimestral sobre mercado de capitales del IVF, la Generalitat pagará el 4,90% por la última subasta de bonos a diez años por valor de 400 millones de euros, que se produjo el 17 de marzo. Los costes financieros por la obtención de financiación están casi un punto por encima de los bonos del Tesoro del Estado a cierre de ayer, cuya prima de riesgo con los alemanes alcanzó los 174 puntos básicos.

Estas emisiones se produjeron antes de que agencias como Fitch decidiesen rebajar la calificación de la deuda pública valenciana de A+ estable a perspectiva negativa en agosto y directamente a A- el pasado 1 de octubre. Una decisión que seguramente encarecerá todavía más la financiación de la Generalitat. Fitch explicó en agosto que las dudas sobre el mercado español, los desequilibrios en las cuentas públicas valencianas, la situación de empresas públicas como RTVV o los elevados niveles de desempleo (tres puntos por encima de España) no auguran tiempos de confianza entre los inversores para los productos de la Administración autonómica, que está empezando a sufrir dificultades para financiarse.

El caso es similar al de otras autonomías con alto nivel de endeudamiento (la Generalitat está en el 16% sobre el PIB). Cataluña confirmó ayer que tiene previsto emitir entre 1.000 y 2.000 millones de euros en bonos a corto plazo (12 meses) destinados a particulares con un tipo del 4,75%, similar al que están ofreciendo bancos y cajas de ahorro en sus depósitos. En un mercado escaso de capitales, Cataluña ha sido la primera Administración en lanzarse a la guerra del pasivo.