Fitch revisó el pasado 1 de octubre la calificación de la deuda de la Generalitat para rebajarla de A+ a A con perspectiva negativa. El Instituto Valenciano de Finanzas explicó la decisión de la agencia por la situación general de la economía española y los desequilibrios presupuestarios del Estado. Pero el informe que justifica la rebaja de la calidad crediticia del Consell apunta a factores muchos más domésticos y cuya responsabilidad recae sobre la propia estructura de la Administración autonómica.

Fitch percibe "un riesgo creciente" para la estabilidad financiera del Consell el elevado número de empresas, entidades y fundaciones públicas (136 en total) hasta el punto de que resalta que el Ejecutivo valenciano se ha visto obligado a reagrupar y suprimir alguna de ellas. La agencia cita varias sociedades públicas con graves problemas de apalancamiento financiero y acumulación progresiva de pérdidas. Ciegas y RTVV, con 1.477 millones de euros y 1.120 millones de euros de deuda financiera respectivamente, se ponen como ejemplo de entidades que desestabilizan la política de endeudamiento, pero el informe también destaca a Cacsa, el Ivvsa, FGV, Proyectos Temáticos, Epsar o el Ente Gestor de Infraestructuras.

Fitch sostiene que la Generalitat necesita captar 6.000 millones de euros en 2010 en los mercados para cubrir su déficit y refinanciar sus compromisos a largo y corto plazo. En materia de inversiones, Fitch advierte que la política de privatización de infraestructuras sanitarias puede hipotecar actuaciones futuras y señala también el elevado coste de financiación de las universidades.

La perspectiva económica que pinta la agencia de calificación no es positiva. Sostiene que las fuerzas productivas valencianas han demostrado ser más débiles que las del conjunto de España al estallar la crisis económica, básicamente por la dependencia de la construcción, lo que ha disparado el desempleo. Y confirma que el PIB per capita está un 11,5% por debajo de España frente al 3,5% del año 2000.