La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) considera un respaldo fundamental para los planes de crecimiento de la actividad comerciales en los próximos años la decisión del banco de inversión JP Morgan de concentrar la base operativa de su división de negocios portuarios en el recinto del Grao, de la que se encargará la sociedad Turia Port Investment. Esta decisión, que la APV considera "lógica" dado que Marítima Valenciana es la principal Terminal de contenedores de España de Dragados SPL y una de las más grandes del Mediterráneo oriental, debe servir para afianzar los tráficos que canalizan estas instalaciones situadas en la ampliación sur del puerto de Valencia, según prevé la APV.

JP Morgan es el nuevo propietario y gestor de la división de puertos de Dragados SPL al comprar esa sociedad el pasado verano al grupo ACS, tal como ya publicó este diario, por 720 millones de euros. La venta de la filial de la constructora y empresa de servicios que preside Florentino Pérez forma parte de los planes de desinversión de ACS para reestructurar su situación financiera.

Dragados SPL también cuenta con concesiones en el puerto de Sagunto, así como en el de Alicante y en Sagunt (Marvalsa, terminal de productos perecederos). Además, esa división de puertos y logística controla concesiones en Bilbao, Málaga, Algeciras y Las Palmas. En Valencia controla la principal terminal, que aglutina la mitad del tráfico de contenedores del puerto de Valencia: unos 3,7 millones de unidades anuales, el doble que Barcelona.

Nuevos gestores

Dragados Servicios Portuarios y Logísticos es un conglomerado de empresas con presencia en otros países como Brasil, India, Chile, República Dominicana, Marruecos, Francia, Bélgica, Portugal y China, que emplean a unas 2.400 personas. El fondo de infraestructuras ya ha nombrado un nuevo equipo gestor en el que figura como consejero delegado John Thomsen y como director general, Charles Baker.

Mientras tanto, el puerto de Barcelona ha convocado a las empresas del sector para analizar el nuevo sistema de tarifas y bonificaciones que permite aplicar la nueva Ley de Puertos. El recinto catalán quiere reducir costes a sus clientes ante la crisis económica de las empresas.