El colectivo de afectados por la quiebra fraudulenta en 1993 de la Caja de Crédito de Alcoy, que causó un perjuicio económico a más de 6.000 personas por un montante de 3,6 millones de euros, realizará una recogida de firmas para pedir "el apoyo a los afectados" por este fraude y solicitar "que se cumplan las penas" impuestas a los condenados, según explicó el presidente de esta agrupación, Enrique Rodes. El portavoz de los afectados mantuvo el miércoles una asamblea para informar a los asistentes del encuentro mantenido días atrás con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
En esta reunión, Rodes trasladó sus demandas a Peralta, y reclamó su colaboración para conseguir que se ejecute la sentencia. En este sentido, Rodes destacó el "apoyo moral muy grande" recibido por el delegado del Gobierno. El presidente del colectivo de afectados explicó también que solicitarán las citadas firmas durante las próximas semanas porque "la Justicia ha actuado de la manera que ha actuado, y el juez de vigilancia penitenciaria ha excarcelado a uno de los dos imputados". El segundo de los procesados "no ha entrado en prisión" a la espera de la resolución de un indulto. Por ello, Rodes ha instado a las autoridades a que "no se vulnere la sentencia del Tribunal Supremo".
