La Agencia Tributaria (AEAT) ingresó hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de 300 contribuyentes que voluntariamente han regularizado los fondos que tenían ocultos en el banco HSBC en Suiza, lo que supone normalizar la situación de la mitad de los 659 contribuyentes investigados.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, explicó ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que se trata de la operación contra el fraude fiscal "más grande de toda la historia del país", aunque no quiso hacer cálculos sobre el importe total que podría ingresar la AEAT. No obstante, dijo que como mínimo la suma ingresada se incrementará entre el 50% y el 150% (de 130 a 390 millones más), dependiendo de las sanciones que se apliquen a los que ya han presentado las declaraciones complementarias para aclarar su situación con el fisco.
En este sentido, Ocaña aclaró al término de su comparecencia que están siendo investigados los 659 contribuyentes (2 personas jurídicas y 657 físicas) que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, aunque no quiso revelar el importe depositado en dichas cuentas. Tampoco quiso aclarar cuáles son las dos empresas involucradas en este fraude, aunque dijo que pertenecen al sector de la intermediación, ni precisó si ya se ha enviado información a la Fiscalía Anticorrupción sobre los casos en los que se han detectado indicios de delito fiscal. Durante su intervención ante la Comisión, Ocaña recordó que la AEAT tuvo conocimiento de este fraude a finales del pasado mayo a través de la información remitida por las autoridades francesas.
A mediados de junio se envió a los 659 contribuyentes implicados un requerimiento para que se pusieran al día con Hacienda, procedimiento que fue criticado por la diputada del PP Ana Madrazo por considerar que podía generar dudas sobre la equidad del sistema fiscal.
Ocaña explicó que se optó por el requerimiento para evitar la prescripción del fraude, ya que la información recibida se refería a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el primero de los cuales prescribía el 30 de junio pasado. Al notificar los requerimientos se interrumpió el plazo de prescripción y se ganó tiempo para el resto de actuaciones, afirmó. Insistió en que no ha habido "ni perdón ni trato de favor" para ningún contribuyente.
La investigación ha afectado a 32 fortunas de la Comunitat Valenciana, aunque la Conselleria de Economía de Gerardo Camps evitó ayer proporcionar datos sobre las cantidades recuperadas, ni si alguno de los contribuyentes valencianos había regularizado su situación. "Estamos trabajando conjuntamente con la Agencia Tributaria", dijeron a Levante-EMV fuentes de Economía. La Comunidad de Madrid ha logrado recuperar 50 millones de euros del Impuesto sobre el Patrimonio pendiente de liquidar (tributo que ahora ya no existe), según Cotizalia.
