La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto a las principales empresas eléctricas que operan en España y a su organización patronal una sanción histórica de 61 millones de euros por obstaculizar el proceso de liberalización del mercado de la comercialización y pactar presuntamente precios y otras condiciones comerciales para grandes clientes poco antes de la desaparición de la tarifa regulada en julio de 2008, que se eliminó definitivamente para clientes domésticos y pymes un año después.
La resolución del consejo de la CNC, que preside el alicantino Luis Berenguer, tiene su origen en una investigación abierta en junio de 2009 a partir de varias comunicaciones efectuadas por las filiares de distribución de Endesa e Iberdrola relativas a la suspensión de solicitudes de la gestión telemáticas de baja tensión y corte de operaciones. El 1 de julio de 2009 desaparecían las tarifas reguladas y consumidores y pequeñas y medianas empresas podían empezar a elegir comercializadora en el mercado libre. Los que no lo hicieran pasarían a la comercializadora de cada grupo de la llamada tarifa de último recurso. La CNC descubrió a raíz de la investigación que el resto de empresas eléctricas sancionadas habían efectuado notas similares. De esta forma entraban también en el grupo de investigadas Gas Natural Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y E.ON España.
En agosto de 2010 la Dirección de Investigación de la CNC elevó una propuesta al consejo para declarar la comisión de dos infracciones. La primera de ellas habría consistido en un acuerdo entre las eléctricas para denegar datos que dificultasen a las comercializadoras independientes el acceso a clientes según las condiciones previstas por la ley, "obstaculizar la aplicación de la normativa aprobada por el Gobierno para facilitar a terceros el acceso a esa información", con el objetivo de retrasar el acceso, y "coordinar entre ellas el corte de las operaciones de gestión de las solicitudes de paso al mercado libre". Con ello contribuyeron a "elevar las barreras a la entrada en un mercado en proceso de liberalización", explica la Comisión Nacional de la Competencia en un comunicado emitido ayer.
Estas actuaciones habrían sido acordadas en Unesa, la patronal del sector que agrupa a las cinco principales eléctricas, que representan el 99% de la energía comercializada a clientes domésticos.
La segunda de las infracciones habría consistido en un otro acuerdo en el seno de Unesa para fijar precios y otras condiciones comerciales a los grandes clientes cuando salieran al mercado de cara a la desaparición de la tarifa regulada el 1 de julio de 2008.
La Comisión Nacional de la Competencia concluye que las eléctricas generaron obstáculos artificiales para frenar el proceso de liberalización con objeto de favorecer la permanencia de sus clientes. Pero además señala que las comercializadoras de cada grupo se han centrado en captar los clientes en el mercado libre fundamentalmente en las zonas propias de la red de distribución. Esto, según la CNC, revela "una escasa intensidad competitiva" entre las eléctricas entre 2006 y 2009.
La sanciones, que fueron aplaudidas ayer por todas las organizaciones de consumidores, se reparten de la siguiente manera: Endesa (26,6 millones de euros), E.ON (1,4 millones), Gas Natural Fenosa (8,8 millones), Hidroeléctrica del Cantábrico (1,8 millones), Iberdrola (21,6 millones) y Unesa (900.000 euros).
Las infractoras anuncian recursos
Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Unesa recurrirán ante la Audiencia Nacional la multa de 61 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Fuentes de Iberdrola anunciaron que la empresa recurrirá la sanción y pedirá la suspensión de la misma, mientras que fuentes cercanas a Gas Natural Fenosa señalaron que el grupo también tiene la intención de llevar a los tribunales la multa. En un comunicado, Unesa defiende la legalidad de su actuación y expresa su "más absoluto y rotundo" desacuerdo con la sanción, así como "su firme decisión de acudir a los tribunales de justicia para ejercitar todas las acciones procedentes en Derecho que sirvan para reparar el daño causado a la asociación y a sus empresas por esta resolución".
