Urgida por una situación límite, como ponen de manifiesto que fuera su propio consejo quien pidiera la intervención al Banco de España y la línea de crédito de «disponibilidad inmediata» que recibirá, por importe de 3.000 millones, para hacer frente a problemas de liquidez fruto de su propia gestión y del cierre de los mercados por la crisis de la deuda, Caja Mediterráneo (CAM) ha puesto fin a una trayectoria de 136 años de la peor manera posible, al unirse al grupo, integrado también por Caja Castilla-La Mancha y Cajasur, de entidades que han tenido que ser intervenidas por el supervisor.

En el principio, como en otros casos, no estuvo el verbo, sino la desaforada gestión que la caja llevó a cabo en los años de bonanza para crecer por encima de sus posibilidades y para evitar el abrazo del oso de Bancaja. En esa situación de pies de barro se presentó la caja alicantina, ya con la crisis financiera desbocada, en los albores del proceso de reestructuración que se ha llevado por delante el entramado de entidades de ahorros que en su día supusieron la mitad del sistema español. Tal era su situación —también su ubicación en un territorio de dominio del PP, un partido nada ajeno a la errática trayectoria de la entidad— que fue, allá por el otoño de 2009, una de las primeras cajas cuyo nombre se barajó para facilitar la concentración en el sector. Descartada la recurrente unión con Bancaja, tan denostada en Alicante, la CAM figuró en primera línea de salida en una operación de cajas del PP liderada por Caja Madrid y con el concurso de Caixa Galicia.

Esta última siempre se negó a esa alianza, empujada por su Gobierno autonómico. El valenciano tampoco quería perder a ninguna de sus dos grandes cajas. Y dio instrucciones al respecto. Pero la realidad de la crisis era más tozuda. Y la CAM, presionada por el Banco de España y por las circunstancias, empezó a buscar socios que le evitaran caer en las garras de la caja madrileña, por aquel entonces ya presidida por Rodrigo Rato. Los SIP (fusiones frías) estaban en boga en aquellos primeros meses de 2010 y la caja alicantina tuvo éxito. Tras fracasar un intento con la vasca BBK, encontró su salvación en un grupo formado también por Cajastur —que venía de adjudicarse Caja Castilla-La Mancha y contaba con una elevada solvencia—, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

La operación —que acabó situando a la vera de Caja Madrid a Bancaja— pintaba bien. CAM y Cajastur se repartieron el poder, cada una un 40 %, en atención a que la primera aportaba el tamaño y la segunda, la solvencia. Fue un espejismo. Muy pronto empezaron los problemas entre los dos gallos del corral: el presidente de la caja asturiana, Manuel Menéndez, que asumía el poder ejecutivo en el grupo, y el director general de la CAM, Roberto López, apoyado por el consejo y la sociedad alicantina, que no toleraban que una entidad mucho menor les gobernara. Por una cosa y por otra, la cuerda se fue tensando y al final se rompió el pasado mes de marzo. Cada parte defendió sus razones y la sensación que quedó en el público en general es que asturianos, cántabros y extremeños forzaron la salida de la CAM del grupo —denominado entonces Banco Base— tras temer que la situación real de las cuentas de la alicantina arrastrara a todas en un momento en que el Banco de España había puesto en marcha el proceso de recapitalización, que estableció unas necesidades de cerca de 2.800 millones, en su mayoría por culpa de la CAM.

Ya sola, la caja alicantina ha buscado fórmulas imposibles —como negociar con el fondo buitre estadounidense JCFlowers—para evitar que la entrada del dinero público del FROB fuera de tal volumen que la nacionalización se convirtiera en total. Fue en vano. La entidad quedó la última de España en capitalización en la reciente prueba de solvencia europea. La llegada del FROB era inevitable. Lo que nadie se esperaba, sobre todo porque la previsión es que este paso se diera antes de finalizar el mes de julio, es que el Banco de España viera la situación tan negra que se lanzara a la intervención.