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La suspensión de empleo pero no de sueldo de la directora general de CAM, María Dolores Amorós, ha levantado ampollas entre la plantilla. Sus representantes sindicales no entran a valorar la decisión de que se le haya "apartado" de su cargo, pero sí quieren que se les aclare porqué seguirá percibiendo su salario (unos 60.000 euros anuales) y cuánto tiempo estará pendiente de que se le asignen funciones. Aunque la medida comunicada el pasado miércoles a los trabajadores por correo interno por parte de los administradores designados por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) para la CAM"no ha sido una sorpresa", sí consideran que "es necesario pedir explicaciones", según coincidían representantes de CC OO, UGT y CGT en la entidad.
Igualmente, el sindicato de mayor representación en la caja (Sicam) aseguró que "el asunto se va a abordar en la próxima reunión que tengamos en martes, convocada con anterioridad para diseñar la estrategia de la campaña en defensa del empleo y de la Obra Social", añadieron en Sicam. A expensas de lo que se decida el martes, algunas centrales consideran urgente pedir una reunión con los nuevos gestores "y que aclaren" la situación de Amorós.
Desde UGT consideran que la decisión de destituirla pero mantenerle el salario "no es normal. Es como si dijeran te enviamos a casa, no trabajas y, además, cobras".
También en Comisiones Obreras se lanzaron duras críticas a la situación creada con la decisión de los interventores y la calificaron de "un despilfarro en la actual situación que vive la caja con un drástico plan de ahorro, un expediente de regulación de empleo en aplicación, así como el cierre de oficinas. En realidad, nos parece un lujo", añadían desde CC OO. Este sindicato, además, ha remitido a los administradores del FROB una carta pidiendo una reunión para abordar el asunto del mantenimiento del sueldo a la ya exdirectora general. Jorge Casillas, representante de CC OO en la CAM, recordó el pasado miércoles que su sindicato fue el "único" que se opuso al nombramiento de Amorós (noviembre de 2010, en sustitución de Roberto López Abad) por entender que se trataba de una designación "continuista" con la gestión anterior, con la que estaban en desacuerdo.
"Sigue como empleada"
Desde la CAM se reiteraba ayer que la exejecutiva sigue siendo empleada y que está pendiente de que se le asignen funciones. Por otra parte, los representantes sindicales consideran necesario que "se depuren responsabilidades de quien haga falta", coincidieron UGT y CC OO. Este último sindicato, además, reclamó el pasado martes el cese del resto de directores adjuntos. En este sentido, las centrales cifran en tres el número de ejecutivos que se mantienen del equipo de Amorós, ya que la mayoría del comité de dirección se adscribió a las primeras fases del plan de prejubilaciones (una a finales de junio y otra después de la intervención). Además, uno de los que salió en la primera de ellas fue el antecesor de Amorós en el cargo, Roberto López Abad, con una indemnización de 3,8 millones.
Denuncia de ecologistas
Por otra parte, ayer se conoció que las organizaciones ecologistas ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que "investigue los vínculos" de la Caja Mediterráneo con proyectos inmobiliarios de Hansa Urbana y turísticos, algunos "fallidos" en la costa mediterránea, así como en México.
