El secretario general de la Federación de Servicios (FES-UGT), José Miguel Villa, aseguró ayer en Valencia que el convenio colectivo estatal de las cajas de ahorro "sólo está pendiente del visto bueno de Bankia", la entidad resultante de la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cinco firmas de menor tamaño. El dirigente ugetista lamentó que el nuevo grupo financiero presidido por Rodrigo Rato "esté bloqueando un preacuerdo laboral que ya cuenta con el visto bueno de la patronal y los sindicatos" para el período 2011-2014 tras solucionar la evolución de los salarios.
En este convenio, las centrales sindicales aceptan mantener la congelación salarial en 2011 y 2012. Esta moderación es importante de cara al mantenimiento para el empleo, según los sindicatos. En contrapartida no hay flexibilización de jornada. En 2013 cobrarían el diferencial del IPC de los años anteriores menos un porcentaje aún por definir y que se situaría entre el 2,70 % y el 2,85 % según fuentes sindicales. Y en el ejercicio de 2014 el salario ya podría estar referenciado a la evolución del coste de la vida.
Villa criticó que Bankia "reciba varios miles de millones de euros del Estado", y que sus tres máximos responsables encabezados por Rodrigo Rato y José Luis Olivas "se embolsen cuatro millones de salario más seis millones de bonos, y el resto de los 29 altos altos cargos, reciban otros 14 millones". "Aún así -lamenta- paralizan el convenio porque dicen que la perspectiva de 2013 y 2014 es preocupante, no lo ven claro y que no saben si se va disparar el IPC".
Recorte de las plantillas
El dirigente ugetista, acompañado por el secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, y por el líder de FES-UGT-PV, Félix Fernández, lamentó que más de 3.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana ya se han visto afectados ya por expedientes de regulación de empleo (ERE) llevados a cabo en Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja, "una cifra que irá en aumento en los próximos meses. Tras la venta de la CAM habrá más despidos", según UGT.
"Dura situación laboral en RTVV y Cacsa"
Los dirigentes sindicales tildaron de "dura situación laboral" las perspectivas que esperan a algunas empresas públicas valencianas como RTVV y Cacsa. UGT sostiene que el caso de la radiotelevisión valenciana "se va a plantear en otro momento, después de las elecciones del 20-N, por cuestiones políticas", con un calendario distinto al que sigue la Conselleria de Economía en otros entes de la administración autonómica.
