El Gobierno ha decidido aplazar aplazar la colocación en bolsa del 30 por ciento del capital de Loterías y Apuestas del Estado como había previsto porque "no se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor".
Según ha añadido el gabinete dirigido por Elena Salgado, "en este momento la situación de los mercados de capitales es muy distinta y, con el debido asesoramiento, se considera que no se dan las condiciones adecuadas para garantizar unos ingresos que reflejen el valor de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado". El Gobierno subraya que la operación para colocar una participación de Loterías en el mercado "podrá retomarse cuando las circunstancias del mercado lo recomienden".
Así lo ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Economía que asegura que "no se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor". La salida a bolsa de la sociedad iba a ser la mayor oferta pública de venta de acciones en la historia de España.
Esta operación podría haber proporcionado unos ingresos al Estado de entre 7.000 y 8.000 millones de euros, en función del precio de salida a Bolsa que se hubiera fijado, lo que redundaría significativamente en la reducción de la deuda del Estado.
El Gobierno acordó el pasado 23 de septiembre lanza la oferta pública de venta de Loterías y Apuestas del Estado y que se venía preparando desde el año pasado. Loterías y Apuestas del Estado tenía previsto salir a Bolsa el próximo 19 de octubre, según el calendario definitivo de la colocación.
La oposición del PP a la operación
La operación no contaba con el visto bueno del PP, que ha mostrado en varias ocasiones. El secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, reiteró el pasado miércoles el rechazo de su partido a una operación que consideraban que valoraba la empresa pública estatal a "un cuarto de su valor". "Nadie vende su casa por siete años de alquiler", criticó.
En la misma línea se pronunció el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, que exigió ayer la paralización de la OPV, que a su juicio suponía "malvender" el patrimonio del Estado con la pérdida de ingresos "recurrentes". "No vamos a permitir que un monopolio público acabe en manos de un monopolio privado", afirmó contundente.
