Exdirectivos de las cajas de ahorros que han tenido que ser rescatadas con dinero público han recibido más de 50 millones de euros de las propias entidades en concepto de prejubilaciones. Políticos y sindicatos expresaron ayer su indignación tras conocerse que tres altos ejecutivos de Novacaixagalicia, la entidad gallega ahora controlada en un 93 % por el FROB y que ha recibido casi 2.500 millones de fondos públicos, percibirán entre 20 y 23,6 millones de euros entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el sueldo de por vida. Pero llovía sobre mojado. El escándalo de la entidad gallega viene precedido por el que había provocado en días precedentes la CAM. La caja alicantina está intervenida por el Banco de España. Además de los más de 15 millones percibidos por altos directivos, entre ellos el ex director general, Roberto López, los administradores nombrados por el supervisor despidieron a la sucesora de este, María Dolores Amorós, quien tenía un sueldo anual próximo a los 600.000 euros y una pensión vitalicia tras su jubilación de 370.000. Amorós anunció el lunes que recurrirá a los tribunales para recuperar sus derechos laborales.

Pero hay más casos. Caja Madrid ha destinado 6,6 millones a pagar la salida de dos ejecutivos y el pasado febrero tuvo que paralizar el plan de pensiones por valor de 25 millones de euros que se habían otorgado el expresidente de la entidad hasta enero de 2010, Miguel Blesa, y otros nueve miembros del consejo de dirección. El exdirector general de la aragonesa CAI (ahora en Caja 3) recibió 4,2 millones, mientras que se llevaron un millón en cada caso sus homólogos en Caja España (en proceso de fusión con Unicaja) y Caja Castilla-La Mancha, adjudicada a Cajastur tras ser la primera caja intervenida por el supervisor. La alta dirección de la cordobesa Cajasur, también intervenida y ahora en poder de la vasca BBK, se aumentó el sueldo en un 85 % en el primer semestre de 2009, cuando la crisis había hecho ya considerable mella en la entidad. Por último, tras tres meses en el cargo, Fernando Casado dejó en febrero pasado la presidencia de CatalunyaCaixa (en poder del FROB en un 90 % del capital tras recibir también millonarias ayudas públicas) al negarse el Banco de España a que su sueldo se incrementara hasta los 600.000 euros, tal como había pactado al ser fichado.

Lo más sorprendente del caso es que una mayoría de estos ejecutivos beneficiados con grandes sumas al dejar la entidad fueron los principales causantes de la situación que llevó a estas a la desaparición, en unos casos, y en otros, a ser rescatadas, siempre con un gran coste público. Quizás por ello, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Coruña, Mar Barcón, presentó ayer su dimisión "irrevocable" como miembro del consejo de administración de Novacaixagalicia tras conocerse las mencionadas indemnizaciones, al considerar que en un momento como el actual "no hay nada que lo explique".

Mientras Moody's rebajaba ayer la deuda a largo plazo de la entidad gallega a un escalón previo al bono basura, el Banco de España, que está siendo objeto de crítica por su actuación, ya está moviendo ficha. El supervisor ha sacado a consulta -las entidades tienen de plazo hasta el 18 de octubre para responder-la circular sobre determinación y control de los recursos propios mínimos, que prevé limitar los sueldos de los directivos de las entidades financieras para incorporar a la legislación española la normativa europea en materia de supervisión de las políticas de remuneración.

La circular recoge, entre otras cuestiones, que "las entidades deberán reducir de forma considerable la remuneración variable cuando la entidad obtenga unos resultados financieros mediocres o negativos".