Los gobiernos europeos están centrando sus reformas en la austeridad de las cuentas públicas; ingresar más dinero (de los tributos) y gasta menos (reduciendo sueldos de funcionarios, menos servicios públicos o pensiones más precarias).
El ahorro del ciudadano, vía depósitos a plazo fijo, planes de pensiones y demás instrumentos a su alcance, va a ser crucial si quiere mantener su poder adquisitivo en un futuro.
A corto plazo se trata de contentar a los mercados (acreedores a los que debemos dinero), para que no vean peligrar el cobro de lo adeudado y sus correspondientes intereses. Sin embargo, habrá que gastar e invertir más en determinadas partidas públicas, ya que la austeridad no genera empleos, más bien todo lo contrario.
Cuando la reducción de gastos proviene de una racionalización de éste, eliminando duplicidades administrativas, aumentando la productividad del funcionariado, por ejemplo, bienvenida sea. Cuando se reduce inversión pública rentable (social o económica) o se aumenta la presión fiscal, el efecto puede ser contraer aún más la economía y generar más paro si cabe.
Veamos algunas de las medidas anunciadas por el gobierno tecnócrata italiano y sus posibles efectos si se aplican en España:
Subida del IVA estándar al 23%. En España pasó del 16 al 18% recientemente. Si en nuestro país se vuelve a aumentar este impuesto indirecto, lo cual no es nada improbable, veremos subir el coste de los bienes y servicios. Esta medida perjudica a las rentas medias y bajas, ya que no tiene en cuenta los ingresos del comprador. Por el lado de las empresas, sus productos aumentarán de precio para el consumidor, con lo que el consumo se verá perjudicado e, indirectamente, puede que aumente el paro.
Alargamiento progresivo de la edad mínima de jubilación, que será de 66 años en el 2018. Además no se revalorizarán en función de la inflación las pensiones superiores a 936 euros, con lo que, de facto, se pierde poder adquisitivo año tras año. En España también hemos visto empeorar la edad de jubilación, que irá aumentando hasta los 67 años en el año 2027; además de congelar temporalmente las pensiones. Es un hecho que con una población cada vez más envejecida, las pensiones se reducirán progresivamente. Será ineludible contratar planes de pensiones, PIAs y otros productos financieros para completar nuestra pensión.
Reintroducción del impuesto sobre bienes inmuebles y tasa patrimonial a las segundas residencias. En España se tributa también por ello, en el IRPF. Sin embargo no es descabellado predecir que veremos empeorar la fiscalidad de la vivienda, a pesar de que a corto plazo se anunció que volvería la deducción por adquisición de vivienda habitual en los términos anteriores a la reforma.
Reducción de cargos políticos en las provincias. Sin duda en nuestro país veremos reformas en este sentido, para reducir los servicios públicos duplicados que ha generado el modelo autonómico.
Nuevo impuesto sobre el lujo.
En definitiva, más impuestos y menos servicios públicos. Esta receta puede que sea necesaria para equilibrar las finanzas públicas pero si se aplica con demasiada intensidad y velocidad puede ser muy contraproducente: generará más paro y retrasará el momento en que España empiece a crecer. Esperemos a ver lo que el nuevo gobierno español anuncia antes de pronunciarnos.
