De la Puerta del Sol a Wall Street, de Tahrir a la Plaza Roja, los distintos movimientos sociales que se han ido sucediendo durante 2011, pese a lo variopinto y confuso de sus propuestas, merecen sin duda una atención especial. Si presagian o no algo más trascedente para la historia contemporánea el tiempo lo dirá, pero lo que desde luego ha de reconocerse es que han despertado en medio mundo el interés por las formas de gobierno y, sobre todo, por la representatividad del titular de la soberanía en ellas, algo que recuerda en cierto modo a la génesis de las oleadas ciudadanas que cristalizaron en las cartas norteamericana y francesa.
En lo que coinciden todas estas corrientes es en la censura del rol alternativo que los mercados financieros están adoptando en el tiempo presente, desplazando al que hasta hoy habían desempeñado los tradicionales poderes públicos, legítimamente elegidos. Se denuncia, así, que quienes han sido uno de los causantes de la profunda crisis que padecemos sea quien indique la salida y que los representantes políticos, lejos de intervenir sobre el sector, le permitan proseguir en su función sustitutiva de las cámaras o los ejecutivos.
Indudablemente, las necesidades económicas de las naciones precisan del decisivo aporte crediticio e inversor, máxime en el modelo de bienestar generado tras la última gran guerra, pero nunca como hasta ahora los acreedores se habían erigido en la clave de arco de la malhadada gobernanza, impidiendo de facto la celebración de referendos populares, haciendo caer a gobiernos uno u otro signo o, en fin, difuminando la participación de la comunidad política sobre su mismo futuro.
Desde luego, quienes componen los mercados financieros como partícipes de un fondo de inversión o cualquier otro producto, sin duda ambicionan que su dinero sea eficazmente gestionado y les reporte los correspondientes rendimientos, ganando o perdiendo conforme al riesgo implícito en toda operación comercial, pero ello no necesariamente entraña ninguna capacidad adicional para alterar el statu quo de un determinado país, salvo que el resto de la sociedad, debidamente formada e informada, así lo decida en libertad. Lo propio puede predicarse de las agencias de calificación, que sirven como instrumentos de medición de la evolución económica, pero que, al margen de su mayor o menor fiabilidad e independencia, no parece razonable que puedan ocupar lugares más allá del que se les reserva en dichos peculiares ámbitos, como hoy en día sucede, aunque sus conclusiones sean tenidas en cuenta en la disputa democrática.
Ni los mercados financieros ni las agencias de rating han exteriorizado jamás su propósito de suplantar la función reservada al principio democrático, aunque las recomendaciones de estas últimas puedan resultar, en ocasiones, rayanas en la intromisión en la función ejecutiva o legislativa. Han sido en buena medida los responsables públicos elegidos por vía democrática quienes les reconocen en esta hora su papel preponderante en nuestras sociedades, cediéndoles de forma insólita su propio espacio en lugar de someter los problemas que nos acosan a mecanismos legales y de gobierno bien conocidos, aunque con indudable coste electoral: la reforma profunda del propio sector financiero y el acomodo de nuestros gastos al nivel de nuestros ingresos y dimensión como nación, ajustes que son enteramente posibles, creemos, con el uso de las herramientas dispuestas en nuestros ordenamientos contemporáneos, sin necesidad de que sean objeto de reemplazo por otros métodos y maneras que no permitan la plena participación ciudadana en ellos. Podemos y debemos profundizar en los mejores sistemas para encauzar dicha contribución social, algo que está en el ágora desde el pasado mes de mayo, pero sin suplantar a muchos o pocos inversores por quienes no lo son, porque la historia nos ha enseñado las consecuencias, no necesariamente benignas, de preterir al titular real de la soberanía.
Si, como señaló Bertolt Brecht, la crisis es la etapa en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, estamos a tiempo de evitar el mortinato y la vuelta a momentos históricos de los que procede aprovechar experiencias.
?Decano de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universitat Internacional de Catalunya y abogado
