El dolor de cabeza que está provocando en las entidades financieras su implicación en el negocio inmobiliario tiene muchas aristas. Una de las menos conocidas es la del coste de las ejecuciones hipotecarias, que han pasado de ser una mera anécdota a convertirse en un coste que empieza a emborronar unos balances ya de por sí complicados.
En estos momentos, los bancos y las cajas españolas concentran inmuebles adjudicados por valor de 65.000 millones de euros, una cifra que incluso podría rondar los 70.000, al no incluir los datos del Banco Base, en el que estaba integrada la CAM. Pues bien, a las adjudicaciones les ha precedido un procedimiento de ejecución hipotecaria que, según el informe realizado por Alteba, una compañía especializada en la gestión de activos inmobiliarios, ha costado entre 6.000 y 9.000 millones de euros desde el año 2007.
Al parecer, los costes totales necesarios para la recuperación judicial de un inmueble oscilan entre el el 15 y el 20 % del valor del mismo, lo que supone que las entidades financieras están soportando un gasto medio de 22.000 euros por cada vivienda.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2007 hasta el primer semestre de 2011, que son los últimos datos hechos públicos, se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias, que han desembocado en 125.000 dramas familiares (desahucios), mientras que aún hay pendientes otras 225.000 más
La morosidad, en alza
Según se desprende de las cifras del poder judicial y del Banco de España, aunque la morosidad no ha dejado de subir en los últimos años, hasta suponer un 2,47 % en los préstamos hipotecarios, las ejecuciones han sufrido un sensible recorte; de hecho, las estimaciones hablan de que el año se va a cerrar con 76.500, cuando hace tan solo un año se produjeron 93.636.
Las razones de este descenso no están claras. Por un lado se considera que las entidades financieras han aplicado una "política pragmática" tratando de minimizar los efectos económicos que supone en sus balances y por otra, se achaca a un intento de evitar el enorme impacto social de los deshaucios, que en los últimos meses cuenta con un movimiento muy bien organizado que trata de paralizarlos en los casos más dramáticos.
La fuerza de la Plataforma
Estos activistas, agrupados en torno a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros grupos nacidos del 15-M, han conseguido hacer público el lado más humano y dramático de las ejecuciones hipotecarias, poniendo a las entidades financieras contra las cuerdas ante la opinión públia. La repercusión de sus actuaciones, que incluyen forzar negociaciones de los afectados y los responsables de los bancos, han traspasado las fronteras españolas, interesando a periódicos influyentes como The Times. Su corresponsal en España, Graham Keeley, así lo reconocía. "Es un fenómeno muy ilustrativo de las dificultades que se atraviesan en España".
Esta imagen, además, preocupa a las entidades financieras españolas por otro motivo: el aireamiento de la situación de sus activos inmobiliarios, en permanente sospecha para los inversores internacionales por su sobrevaloración. Una cuestión nada banal teniendo en cuenta de que se trata de 65.000 millones en adjudicados, 612.000 millones de euros en créditos para la adquisición de vivienda.
