Los astilleros españoles terminan el año 2011 tal como empezaron, en dique seco. La suspensión de la Comisión Europea al sistema de bonificación fiscal que se emplean para la construcción de barcos en España -conocido como tax lease-, pero sobre todo la crisis económica que hunde el comercio marítimo mundial y la competencia asiática dejan a la industria naval española bajo mínimos al recibir tan sólo dos contratos entre enero y septiembre de 2011, según constata el último informe trimestral de la Gerencia del Sector Naval (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Este sector aglutina a una veintena de compañías, entre estos el astillero del grupo Boluda Unión Naval Valencia, cuya cartera de pedidos se ha reducido a la mitad durante este último año.
La situación es insostenible en el caso de algunas empresas como Astilleros de Sevilla, que acaba de cerrar sus instalaciones y despedir a su plantilla, mientras que otras instalaciones han puesto en marcha expedientes de regulación de empleo. Es el caso de Factoría Naval de Marín, en Vigo. Mientras tanto, el astillero en manos del naviero Vicente Boluda -que tampoco ha recibido ningún pedido durante el último ejercicio- tan sólo mantiene la producción de cinco remolcadores, uno para Marítima del Saler y otros cuatro para la Autoridad Portuaria de Amberes (Bélgica).
Críticas del sector
El bloqueo al sistema de bonificaciones fiscales para la construcción de barcos mercantes en España, así como el veto posterior del Ejecutivo de Bruselas a la alternativa planteada por el Gobierno español, con apoyo total de la patronal, dispara las críticas del sector. Según los empresarios, la suspensión del sistema de tax lease frena la carga de trabajo y también las negociaciones para contratar nuevos buques, sobre todo para armadores que operan en Europa y África. Según fuentes del sector, los costes incrementan un 9 % para los armadores al dejarse en el aire esos incentivos fiscales aplicados en España hasta verano de 2011. El tax lease es una operación que consigue reducir ampliamente los impuestos a pagar por las empresas que conforman este tipo de operaciones de arrendamiento financiero. Básicamente se apoyan en alquiler de buques en condiciones económicas ventajosas.
La situación decadente también afecta de lleno a los únicos dos astilleros públicos españoles, del grupo Navantia: los de Puerto Real y San Fernando, especializados en la producción de embarcaciones para la Armada. Ambos se encuentran en completo dique seco al no recibir ningún contrato ni tampoco mantienen carga de trabajo de buques de guerra. El nuevo Ejecutivo que preside Mariano Rajoy tendrá que solucionar el problema del tax lease para relanzar la actividad del sector, cuyo futuro es incierto dada la escasa actividad.
Autonomías
Por autonomías, País Vasco (con el 37 % de la cartera de pedidos) es líder en España en la producción de embarcaciones, seguida por Galicia, con el 29 % del total. La tercera es Galicia, con el 29 % y le sigue Asturias (9 %). La Comunitat Valenciana figura en cola con el 4 % de la cartera de pedido. Unión Naval Valencia, en otros tiempos especializada en grandes cruceros y graneleros, ahora tan sólo realiza remolcadores y barcos de menor tamaño.
La cifra de negocio pasó de 107,3 millones en 2009 a tan sólo 64 millones, al cierre del ejercicio 2010. Además, ha entrado en "números rojos", al pasar de un beneficio de 704.756 euros en 2009 a unas pérdidas de 14,1 millones un año después, cuando absorbió parte de la plantilla del astillero de reparación de buques Unión Naval Barcelona.
La compañía de Suescun, a la deriva
Factoría Naval de Marín, sociedad donde el presidente de Corporación Dermoestética, José María Suescun, es socio de referencia, se encuentra en una situación crítica al aplicar un ERE de extinción para recortar más de la mitad de la plantilla, lo que afecta a unos 35 trabajadores. El propietario de la firma valenciana cotizada en bolsa, que ha paralizado un expansión iniciada una década en su grupo de clínicas, sostiene que los inversores no pueden inyectar más capital a la Naval de Marín dada la carga de trabajo tan escasa por el recorte de pedidos ante la paralización del mencionado "tax lease". El astillero vigués tenía el encargo de fabricar el megayate para el conocido empresario Fernando Fernández Tapias, quien ahora negocia su venta a la firma norteamericana Belacqua Investments ante los problemas económicos del consejero del Real Madrid para financiar la operación. El barco no será terminado en estas instalaciones.
