La agencia de calificación Moody´s, que ya había degradado la deuda a largo plazo de la Generalitat valenciana a la categoría de «bono basura» —Ba1— hace menos de un mes, volvió ayer a dar otro paso hundiéndola dos escalones más abajo —Ba3—, lo que significa «alto riesgo crediticio». La nueva rebaja de la agencia de «rating», que también situó en «perspectiva negativa» a las comunidades catalana, andaluza, madrileña, gallega, castellano-leonesa, castellano-manchega y vasca, fue recibida con relativa indiferencia por el Consell, que considera que responde a un problema generalizado en toda España por las dificultades para encontrar financiación.
Precisamente unas horas antes, el Consell había pactado con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y el visto bueno del Banco de Sabadell la renovación de unos pagarés de la CAM por importe de 200 millones de euros que vencían el próximo día 18 de enero a un interés del 4,75 %, según confirmaron fuentes del Consell. Se trata del primer paquete de deuda importante que debía afrontar la Generalitat después de los problemas padecidos para saldar el préstamo contraído con el Deutsche Bank. En el caso de los pagarés de la CAM, la renovación se ha hecho a un interés del 5,40 %, elevado, pero que da un respiro a las autoridades económicas valencianas hasta el próximo 24 de febrero, fecha en la que debe afrontar el vencimiento de otros 500 millones.
Renovación de 200 millones
No obstante, la renovación de estos pagarés plantea un nuevo problema, y es que su vencimiento, el próximo 18 de abril, coincide en el tiempo con la mayor concentración de deuda que debe afrontar la Generalitat, prácticamente la mitad de todo el año, ya que en el mes de mayo se ha de enfrentar a 2.652 millones de euros de vencimientos, que incluyen 1.000 millones de Bancaja —ahora Bankia— y la CAM —en manos del Sabadell— y líneas de crédito por un importe de 1.180 millones de euros de líneas de crédito de Bankia, BBVA, CaixaBank y Sabadell, en los que participó el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ya adelantó este periodico. Precisamente el ICO podría convertirse en la tabla de salvación a la que se agarrarán las comunidades autónomas para obtener liquidez si se llega a un acuerdo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se se celebrará el próximo martes.
El ICO garantizará liquidez
Una de las posibilidades que se barajan para garantizar la liquidez prometida por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, a las comunidades gobernadas por el PP en la reunión del pasado miércoles, pasa por el Instituto de Crédito Oficial, según ha posido saber Levante-EMV de fuentes del Consell. En la última reunión del consejo, con la entonces vicepresidenta del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, ya se dejó abierta esta puerta, aunque no se llegó a concretar. Sin embargo, la urgencia de algunas comunidades como la valenciana y la catalana —la primera ya ha tenido que ser socorrida por este organismo a la hora de afrontar pagos—, y la necesidad de disponer de algún instrumento que no comprometa la solvencia de la deuda española, convierten al ICO en una referencia.
La solución del Instituto pasaría por garantizar la liquidez de las autonomías con apuros para colocar su deuda y la posibilidad de abrir también líneas de crédito que permitieran desatascar los pagos a los proveedores, como ya ya hecho con los ayuntamientos.
El conseller de Economía de la Generaltitat catalana, Mas Colell, ya había lanzado una propuesta a Montoro para que el ICO se utilizara como un organismo emisor con garantía del Estado que distribuyera liquidez a la comunidades con problemas para colocar su deuda. Conviene recordar que CiU ha sido el único partido que ha dado su respaldo en el Congreso de los Diputados al «tijeretazo» del PP. Esta posibilidad, sin embargo, no sería a cualquier precio, ya que para acceder a ella serían indispensables planes serios de ajuste y cumplimiento de los compromisos de déficit.
La alternativa de los «hispanobonos», reivindicada por el presidente Fabra, volverá a ponerla sobre sobre la mesa del consejo los representantes valencianos, pero cada vez se considera más lejana por las implicaciones negativas que tendría para el Tesoro español.
