Una inspección del Banco de España forzó la aprobada y no consumada ampliación de capital en la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana, que atraviesa serias dificultades financieras, según las fuentes de la entidad consultadas por este diario. La SGR tiene como principal misión avalar a empresas viables -preferentemente, pymes- que, por su cuenta, no han logrado créditos en las entidades financieras. Tal como publicó este diario el pasado miércoles, el incremento de la morosidad, los avales fallidos y las mayores exigencias de capital han provocado que la entidad precise, para no quedar paralizada o, incluso, evitar males mayores, como una posible inviabilidad, una inyección de dinero para compensar un déficit que algunas fuentes sitúan en 40 millones, si bien el director general de la SGR, Juan Manuel García Puchol, aseguró ese día que la entidad tiene superávit en sus recursos propios y no padece ningún déficit patrimonial.
La cuestión es que, según las mencionadas fuentes, la SGR acordó con el Banco de España la realización de una ampliación de capital de 30 millones, que no alcanzaba el total necesario pero que sí serviría para mantener sin problemas su operativa y, sobre todo, para calmar las exigencias del supervisor. El problema es que, de los tres principales socios protectores de la sociedad -superan la cincuentena y todas son entidades financieras, aunque la inmensa mayoría tiene un porcentaje testimonial-, dos (Bancaja y CAM) no estaban el año pasado en disposición de aportar capital, la segunda intervenida y la primera inmersa en su integración en Bankia. Así las cosas, solo quedaba el Instituto Valenciano de Finanzas, preponderante en el capital con un 11 %. Como este porcentaje es inferior al que de media (21 %) tiene el sector público en las SGR de otras autonomías, se acordó que la ampliación de capital la asumiera la Generalitat, que atraviesa dificultades financieras de enorme calado.
El acuerdo suponía que inyectaría 15 millones antes del 31 de diciembre de 2011 y otros quince en 2012. Los primeros están comprometidos en los presupuestos y, aunque una de las fuentes consultadas asegura que eran de "vida o muerte" para la SGR, el dinero no ha sido ingresado todavía. Fuentes oficiales de la Conselleria de Economía admitieron que "están pendientes" y que no saben cuándo se harán efectivos. El destino de los otros quince millones es aún más difuso, dado que, como afirmó García Puchol, la partida presupuestaria en principio destinada a este fin no está especificada que sea para la SGR.
El temor en la entidad es que el Instituto Valenciano de Finanzas, atenazado por la falta de liquidez de la Generalitat, deje caer a la Sociedad de Garantía Recíproca. Se sabe que en la administración autonómica y en ámbitos empresariales hay disconformidad con la gestión llevada a cabo por García Puchol y el presidente de la sociedad, el máximo líder de la patronal castellonense, José Roca. Ambos llevan dos décadas en el cargo.
Las fuentes consultadas aseguran que los problemas que aquejan a la entidad, con una morosidad superior al 10 %, tienen su origen en la gestión efectuada en los últimos cinco años y, muy especialmente, en la concentración de riesgo en el sector de la construcción, es decir, el mismo pecado que se ha llevado por delante a las cajas de ahorros y al Banco de Valencia. Como en este caso y la CAM, la SGR también habría refinanciado operaciones que serían fallidas a su vencimiento para evitar las provisiones y su efecto sobre los resultados. Aunque García Puchol asegura que las cuentas están saneadas, otras fuentes apuntan a resultados negativos en las cuentas de explotación.
