El Gobierno español aprobó hoy una reforma financiera que impone un fuerte recorte a los salarios de los altos ejecutivos de entidades bancarias que fueron intervenidas y de aquellas que recurrieron a fondos públicos, junto a medidas dirigidas a sanear los activos inmobiliarios problemáticos.
Los altos directivos de entidades intervenidas no podrán cobrar más de 300.000 euros anuales (unos 395.000 dólares) y en el caso de las beneficiarias de fondos públicos, sus máximos responsables tendrán limitadas las remuneraciones a 600.000 euros al año (unos 790.000 dólares).
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en una conferencia de prensa estas medidas, incluidas en la nueva reforma del sistema financiero español, aprobada hoy por el Gobierno, que fija además las condiciones de nuevas fusiones y una hoja de ruta para el saneamiento de los activos problemáticos de los bancos afectados por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El drástico recorte de salarios anunciado supone una rebaja del 76% en el caso de los presidentes de entidades intervenidas y del 67 por ciento en aquellas que fueron apoyadas con préstamos públicos.
Luis de Guindos dijo que el Ejecutivo no pretende fijar los sueldos del sector privado con estas medidas pero si que las entidades que recibieron ayudas públicas "tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios".
También explicó que en el caso de España el grado de cumplimiento que se daba de la legislación de la Unión Europea relativa a la limitación de salarios de altos directivos de la banca era "medio o bajo".
Los altos salarios de directivos de entidades bancarias que han necesitado ayudas públicas y las millonarias indemnizaciones que algunos de ellos recibieron al dejar sus cargos es motivo de polémica en España, que atraviesa una profunda crisis con cifras récord de desempleo, 5,2 millones de parados, casi el 23 por ciento de la población activa, el 50 % entre los jóvenes.
Además, el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero acometió recortes sociales para reducir el déficit público, mientras que el actual, presidido por el líder conservador Mariano Rajoy, anunció un primer ajuste de 16.500 millones de euros para intentar cumplir el objetivo de dejar el déficit en el 4,4 % del PIB en 2012.
De Guindos detalló hoy algunas de las medidas incluidas en la nueva reforma del sistema financiero, aprobada por el Consejo de Ministros, y cuyas líneas básicas fueron adelantadas ayer por el responsable económico.
Con la reforma el Ejecutivo busca completar la reordenación del sector financiero este mismo año, para lo que ha fijado de plazo hasta finales del próximo mes de mayo para que se anuncien eventuales nuevas fusiones.
Los bancos tendrán un año para sanear sus activos inmobiliarios problemáticos y deberán para ello aumentar sus provisiones en conjunto en 50.000 millones de euros. Se calcula que esos activos suman 175.000 millones de euros.
La reforma aprobada hoy simplifica la estructura organizativa de las cajas de ahorro, que tendrán que destinar el 90 por ciento de los dividendos a obra social.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que las nuevas medidas pretenden fortalecer la confianza y la credibilidad del sector bancario español "en el ámbito nacional e internacional".
De Guindos por su parte destacó que entre los principales objetivos se busca que el saneamiento de los bancos permita que vuelva a fluir el crédito y que las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes), ahora ahogadas por la falta de financiación, tengan acceso a él para volver a crear empleo.
También sostuvo que la reforma aumentará la credibilidad de las entidades españolas, que podrán financiarse mejor en los mercados, lo que repercutirá positivamente en el flujo del crédito.
El Gobierno español aprobó hoy también una línea de crédito por importe de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000 millones , para ayudar a las comunidades autónomas a financiarse ante sus graves dificultades económicas.
La ayuda está condicionada al cumplimiento de los objetivos de déficit público, anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, que explicó que con ella se intenta disminuir la morosidad en el pago de los organismos regionales a sus proveedores.
