El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas, como Bankia, y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, como el Banco de Valencia, según anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Han recibido apoyo público a través de créditos (FROB 1) Bankia (participada por Bancaja), Banca Cívica, Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público (FROB 2) por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.
En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido. Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% (el presidente) y el 65% (los ejecutivos) de media con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos. En el caso de Bankia, su presidente , Rodrigo Rato, percibía al año 2,34 millones, mientras que al consejero delegado, Francisco Verdú, le correspondían 2,26 millones anuales, lo que implica en ambos casos una reducción de aproximadamente el 75 %. A la vicepresidencia que ocupó José Luis Olivas hasta noviembre y desde enero, Francisco Pons, le estaban asignados 1,63 millones, es decir un 63 % más de lo que ahora podrá percibir. Los vocales del consejo de Bankia también verán reducidos sus emolumentos, dado que cobraban al año 116.000 euros.
En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio. La medida afecta a las entidades nacionalizadas, dado que el Banco de Valencia se encuentra intervenido por el Banco de España y su consejo de administración fue relevado de sus funciones.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad". De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".
Según los datos facilitados al supervisor a finales del año pasado, sólo los directivos de BMN poseen salarios por debajo del umbral de los 600.000 euros, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer públicas sus remuneraciones. El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente, Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros. El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros.
